Cooperación, sí, pero con identidad propia

Próximamente los escenarios en el país conocerán no sólo el cambio de autoridades políticas, sino que estarán cargados de expectativas justas frente a las eventuales oportunidades de ver signos de voluntad política –entre otras- por saldar la deuda social que el país tiene pendiente con la primera infancia.

Una de las demandas sentidas y reales de por lo menos los tres últimos lustros, es contar con un Ente Rector que goce de real autonomía y visibilidad que lo constituyan en un necesario referente para encarar la problemática de las infancias del Perú. En repetidas ocasiones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y las propias organizaciones de niños, niñas y adolescentes, han levantado la urgencia de una reorganización del ministerio en el que ha permanecido de forma discreta y subordinada la función y el rol del Ente Rector.

Recientemente, desde personalidades de lo que será la nueva administración política del país se ha sugerido la creación de un Alto Comisionado para la Primera Infancia. Esta puede ser una oportunidad inicial que dote de visibilidad y eficacia la acción rectora del Estado y la cooperación de las entidades propias de la sociedad civil y de las organizaciones de niños y niñas. Sin esta autoridad de un Ente Rector, se hace con frecuencia frágil en el tiempo la contribución profesional, el aporte de la “expertice” acumulada. Y es que profesionalidad en la atención de las infancias no es reducible a calidad técnica, sino que ésta implica necesariamente convicción, compromiso, enfoque de derechos y vocación.

Acciones como las que viene desarrollando el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia y el Plan de Acción correspondiente, constituyen un bagaje de vida que debe ponerse a disposición de los mejores esfuerzos profesionales de quienes desde el Estado intentan honrar de la mejor manera los 80 años, con sus aciertos y entrampamientos, desde que en el país se iniciara lo que se ha dado en llamar la educación inicial.

Pero cooperar significa hacerlo desde las potencialidades y las limitaciones de la propia identidad institucional. Cooperar es también mantenerse como referente de valoración crítica de lo que se vaya haciendo frente al fenómeno social de una primera infancia insuficientemente atendida. No nos asiste oportunismo alguno. Nos convoca una responsabilidad ética.

Hay dos cuestiones que de alguna manera merecen ser asumidas desde la sociedad civil y recogidas por el propio Estado. Una refiere a la imprescindible urgencia de no suplantar a las personas por logaritmos, por porcentajes, por curvas que intentan explicar mejoras a problemas tan vitales como la desnutrición, el hambre, la pobreza, la exclusión. Es lo que en el Grupo Impulsor Inversión en la Iniciativa llamamos colocar los rostros dolidos que, con frecuencia, se dejan ocultar por la matemática de dudosa precisión.

Y una segunda cuestión, refiere a fenómenos interesantes que, sin embargo, carecen de un reconocimiento normativo que les brinde legalidad a lo que es absolutamente legítimo. Es el caso de la importante decisión de los gobiernos regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, que han acordado, en lo que se refiere a la primera infancia, trabajar en el marco de una Mancomunidad. Esta iniciativa puede bien contribuir a abrir imaginación para abordar de forma concertada y solidaria otras cuestiones de carácter social en el terreno de la salud, de la educación, del empleo, de la distribución equitativa de los recursos naturales y del canon.

Lo importante de dicha iniciativa debe verse en el proceso que se va desencadenando de transformación de una cultura que tiende a favorecer a quienes más tienen por encima de regiones no agraciadas. Es decir, como si las riquezas naturales del territorio patrio fueran propiedad de quienes habitan en el específico territorio en que aquellas se encuentran.

A mediano plazo, esta iniciativa de las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, puede haber abierto un capítulo inédito para la unidad del país y la equidad en el goce de las riquezas naturales y producidas. Lo remarcable es que todo ello se inicia desde la cuestión de una primera infancia hasta la fecha insignificante y sin aparente peso político dentro de la división política del poder.


Alejandro Cussianovich, educador y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia.