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ENTREVISTA
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Paulo Sergio Pinheiro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

“Los Estados democráticos no consiguen hacer políticas inclusivas”

Entrevista: Salvador Herencia Carrasco
 
 
Paulo Sergio Pinheiro señala que proponer la pena de muerte para la violación de un niño es populismo penal.
Paulo Sergio Pinheiro, experto brasileño en temas de violencia contra la infancia y comisionado y relator en derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo en Lima y dialogó en exclusiva con el Blog de Noticias inversión en la Infancia. Pinheiro ha trabajado en la CIDH una serie de informes sobre la problemática contra la infancia en los países de América Latina y el Caribe. Durante su estadía en Lima presentó los resultados preliminares de un informe de la CIDH sobre justicia juvenil y derechos humanos. En la siguiente entrevista, Pinheiro habla sobre los derechos de la niñez en la región latinoamericana y el rol de la CIDH.
 
 
¿Cuál es el balance de su experiencia en estos ocho años que ha integrado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
En verdad mi presencia en la Comisión ha sido una coincidencia privilegiada, porque yo fui electo al comienzo del gobierno de Lula en el 2003 y empecé mi mandato en el 2004, y después fui reelecto en el segundo gobierno de Lula y ahora termino 8 años de mandato en diciembre. Mi periodo en la Comisión coincidió con mi nombramiento por parte de las Naciones Unidas para realizar el informe sobre la violencia contra los niños y las niñas. Este informe fue publicado en el 2006 y se benefició con una intensa movilización en las Américas, porque se realizaron varias consultas en América Latina, América del Norte y el Caribe, contando con la participación de niños. Por todo esto es que en términos temáticos mi preocupación en la Comisión han sido la  violencia y la infancia.
 
¿Cuáles fueron los informes en torno a la violencia que se trabajaron en la CIDH?
La Comisión trabajó cuatro informes. El primero fue sobre el castigo corporal, en el cual  la cuestión fue determinar si el castigo corporal era una violación de los derechos humanos de los niños y niñas y si los Estados tenían la obligación de prohibirlo. El sistema interamericano muy rápidamente respondió con una resolución que reafirmó el Corpus Iuris de la normativa internacional contra el castigo corporal, haciendo esta normativa válida para las Américas. Después preparé el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Luego se publicó un informe que actualizó el tema de la infancia y sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. El último informe que debo de presentar en diciembre es el de niños e instituciones de asistencia. Paralelamente a esto actué en los casos sobre niñez. A pesar de las democracias, el perfil de los casos continúa siendo muy parecido. Son asesinatos, torturas, desaparición forzadas, pero, en el caso específico de la niñez, también empiezan a entrar otros casos, como, por ejemplo, cuestiones de paternidad y  la fertilización in vitro.
 
¿Cuál cree que debería ser la evolución de la CIDH en el siglo XXI?
Yo creo que lentamente la Comisión, en este siglo XXI, está para una transición en la cual se da una predominancia de los derechos económicos y sociales, el acceso a la libertad de opinión y de empresa, el funcionamiento o mal funcionamiento del sistema político democrático como por ejemplo la cuestión de la participación ciudadana, el funcionamiento del sistema jurídico, el tema de los migrantes. Nosotros acabamos de publicar un informe sobre migrantes en Estados Unidos; hay muchísimos casos de pena de muerte, no sólo en los Estados Unidos, sino también en el Caribe inglés. Ya está decidido que para el año que viene se va a preparar un informe sobre cuestiones de orientación sexual, porque en algunos países del Caribe hay prisión perpetua y castigos corporales por esta situación, como es el caso de Jamaica. También están causas modernas respecto a los derechos de los indígenas, la cuestión de las obras de construcción de hidroeléctricas, la consulta a los pueblos indígenas. Una cuestión ligada al Perú es el problema del reclutamiento de niños por el Ejército. En Paraguay y Colombia también se han presentado estos casos.
 
Haciendo un balance del trabajo de la Comisión Interamericana podríamos decir que en una primera etapa su trabajo fue consolidar la Convención Americana y los derechos como algo exigible ante los Estados, y que ahora su labor es centrarse en aquellas poblaciones que requieren especial protección, como los niños, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, las minorías sexuales, viéndolos no solamente como sujetos de derecho, sino como poblaciones que tienen demandas de acuerdo con sus necesidades y sus condiciones, las que son exigibles ante la sociedad.
Lo que es inquietante es que las antiguas cuestiones no desaparecen, entonces hay casos  horribles de derechos civiles y políticos que continúan en la democracia. Entonces, es una transición curiosa, porque al mismo tiempo que el pasado no es aún pasado, toca estar en el presente y hay una emergencia de nuevas temáticas. Eso ocurre primero por el mal funcionamiento de los Estados democráticos, que no consiguen hacer políticas inclusivas; segundo, por la falta de cumplimiento de los derechos económicos y sociales, especialmente para esos grupos que mencionó, pero el responsable por el aggiornamento, por la actualización de la Comisión, es la sociedad civil. La sociedad civil cada vez más se ha tornado como la usuaria del sistema interamericano de derechos humanos. Un ejemplo es la creación, en la que yo participé, 20 ó 25 años atrás del CEJIL, que era una oficina de abogados en Washington. Con Internet, Google, Facebook, hay una información mucho más difundida. No estoy diciendo que eso se da en la mayoría de los pobres, en la gente que vive en área rural. No digo que ellos están bien informados. A pesar de la falta de apoyo financiero, los Estados del continente continúan favoreciendo el sistema interamericano.
 
En El Salvador se está discutiendo un Proyecto de Ley para reducir la imputabilidad penal a los 12 años.
Eso es una ola. Hay países en los que la imputabilidad penal es a los siete años. Nuestra posición en el informe sobre la infancia y sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos es apelar a los países como Perú, que tiene la imputabilidad penal a los 14 años, para que no bajen más la imputabilidad. Llegamos a un punto en el que somos modestos en términos de lo que le pedimos a los Estados teniendo en cuenta esa ola represiva. Esa ola represiva nos preocupa, porque es discriminatoria.
 
¿Es un nuevo populismo penal o dogmatismo penal pensar que la solución para la violación de un niño o de una niña es la cadena perpetua o la pena de muerte?
Sí, así es.
 
La represión no funciona, no soluciona el problema. Es necesario prevenir este tipo de crímenes.
Así es, pero lo que considero más inquietante es que una de las motivaciones de la permanencia de esas políticas es la incapacidad de los Estados democráticos de considerar a los niños y adolescentes como sujetos, entonces, tienen miedo de su voz, no quieren ninguna participación. El nivel de participación en el continente es ridículo, y eso está muy claro en la Convención, pero los Estados del continente tratan a la Convención como si fuera una cesta de flores, escogen unas flores que piensan que son más agradables y olvidan las otras; una de las flores más olvidadas es la participación.
 
Una de las grandes falencias que hay, por lo menos en el Perú, es que hay un quiebre en el diálogo intergeneracional, los niños o jóvenes no son sujetos de derecho, no tienen un mecanismo para expresar su voz, su opinión, y cuando lo intentan hacer, hay  de cierta forma una castración diciendo que no saben, que son ignorantes. Hay un puente aún por unir para ver a los niños y a los jóvenes con esa capacidad de interlocutor válido que tiene peticiones y necesidades que deben ser atendidas, o por lo menos escuchadas con detenimiento.
Nosotros que luchamos tanto tiempo contra la dictadura, yo pasé un tercio de mi vida luchando contra la dictadura, ahora en democracia tenemos que recordar a los gobiernos que asumieron unas obligaciones que deben ser cumplidas. Felizmente en el Perú hay iniciativas positivas. Por ejemplo, la alcaldesa de Lima, que es mi antigua colega, Susana Villarán, tiene un Consejo de Niños, y tomé conocimiento aquí en Perú que otras alcaldías también lo están implementando o ya lo tienen. Creo que ese es un buen camino.
 
Lo que nosotros venimos diciendo en Inversión en la Infancia es que más que pensar en macro planes tenemos que buscar las experiencias locales que respondan a las necesidades y a las particularidades de una sociedad en un momento y un tiempo determinado, y a lo mejor esas experiencias son las que pueden ayudar a quebrar la inequidad y la desigualdad.
Efectivamente, estoy de acuerdo con eso. Además esas experiencias pueden ser replicadas.


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