Vigilancia ciudadana para el cumplimiento del compromiso político con la inclusión social y la infancia

El presidente Ollanta Humala ha sido enfático en anunciar la decisión política de su gobierno de poner en el centro de su agenda la inclusión social, convirtiendo el crecimiento económico en desarrollo humano, y ha asumido el compromiso de priorizar a la infancia en las políticas públicas. Son anuncios alentadores. El reto es transformar esa voluntad política en acción concreta, pasar de la propuesta a los hechos, de los compromisos al cumplimiento de metas concretas.

Esta manifiesta decisión política a favor de la inclusión social y el desarrollo de la infancia –el presidente peruano ha sido explícito en comprometerse en el combate contra la desnutrición crónica infantil y con la universalización de la educación inicial- es un importante paso adelante para un país, como el Perú, en el cual, pese al tan celebrado éxito económico de los últimos años, más del 30 por ciento de sus habitantes y cerca del 50 por ciento de los niños menores de cinco años viven en situación pobreza, más del 23 por ciento de estos niños sufre de desnutrición crónica, la mitad de los niños entre seis meses y tres años padece de anemia, y más del 47 por ciento de los niños no reciben una educación inicial fundamental para su futuro rendimiento académico.

Lo más grave es que estas preocupantes cifras, que corresponden a los promedios nacionales, ocultan realidades mucho más alarmantes en importantes regiones de un país en el cual las brechas sociales son muy grandes. Y los niños son los más afectados por esta realidad de inequidad y falta de oportunidades. Hay provincias en las cuales la desnutrición crónica infantil, que condena a los niños a no tener un desarrollo físico y mental adecuado, supera el 60 por ciento.

Ahora toca transformar esta decisión política a favor de la inclusión social y el desarrollo de la infancia, expresada por el nuevo gobierno, en acción, en políticas públicas concretas y eficientes. Lo primero es dedicar los recursos públicos necesarios para cumplir los compromisos adoptados. Priorizar educación y salud, incluyendo nutrición, a la hora de definir el Presupuesto Público es fundamental si se quiere hablar en serio de inclusión social y de una igualdad de oportunidades. La inversión en programas de atención social y alivio de la pobreza es necesaria para atender la emergencia social de importantes sectores del país, pero eso no debe hacer que se descuide una tarea de fondo para una efectiva lucha contra la pobreza, un desarrollo sostenible y una inclusión social sólida: la inversión en una educación de calidad para todos, en salud y nutrición, con prioridad en la primera infancia. Promover un desarrollo económico con empleos y salarios dignos es otra tarea elemental para avanzar en la inclusión social.  

Pero la inclusión social y la atención a la primera infancia no es sólo una tarea del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales y locales. Muchos programas diseñados y gestionados centralmente desde Lima terminan fracasando por no tener en los gobiernos regionales y locales actores claves de estos programas. Las políticas sociales a favor de la infancia y la lucha contra la pobreza deben diseñarse y ejecutarse con una visión integral y articulada entre las distintas instancias del Estado, evitando tanto la duplicidad de programas y recursos, como la ejecución de políticas desenganchadas de las realidades locales. Esa integralidad y articulación son fundamentales para que estas políticas sociales tengan el éxito esperado.

La sociedad civil tiene un papel clave para apoyar la adopción de políticas públicas eficientes y sostenibles a favor de la infancia y de los sectores más vulnerables, y en vigilar el cumplimiento de los compromisos adoptados. Deben potenciarse los mecanismos para que la sociedad civil ejerza una vigilancia permanente y efectiva para que se cumplan los compromisos con la inclusión social y a favor de la infancia adoptados por el nuevo gobierno. La cooperación internacional también tiene un rol importante; debe respaldar programas que formen parte de una política integral de desarrollo social y no acciones individuales pensadas más en el efímero éxito propio que en el bienestar sostenido de la población.

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales, de los municipios y de las autoridades comunales para el diseño y gestión de los programas sociales y de políticas de desarrollo local, así como de las acciones para mejorar la educación y la salud de sus comunidades, es otra tarea en la cual la sociedad civil y la cooperación internacional pueden colaborar en forma importante.

El Perú se abre a una nueva coyuntura política, la cual, si los compromisos anunciados se cumplen, puede poner al país en el umbral de un salto cualitativo para su desarrollo social, cuyos frutos más importantes no se verán en lo inmediato, sino en el futuro. Pero la responsabilidad de un gobierno está en trabajar no para el corto plazo, sino pensando en el largo plazo. Ahora la tarea de todos es estar atentos y activos para que los compromisos con la inclusión social y el desarrollo de la  infancia se cumplan.


Carlos Noriega, periodista, editor del Blog de Noticias Inversión en la Infancia, jefe de prensa de Salgalú Comunicación & Responsabilidad Social.