Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, propuso que los adolescentes entre 14 y 18 años involucrados en delitos graves, como asesinato, sean juzgados con los patrones de penas usados para los adultos y reciban condenas como tales. Sobre este tema, opinan el autor de la propuesta y el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
Iván Sequeiros: “La problemática de los menores inmersos en la delincuencia es estructural”
“Este tema es más complejo que sólo incrementar las penas para los menores de edad; lo que se busca es establecer normas especiales para juzgar a los adolescentes a partir de tienen 14 años. La propuesta que hacemos implica que estos adolescentes puedan ser sometidos a regímenes más severos de sanción, ya sean penitenciarios o de resocialización. La problemática de los jóvenes inmersos en la delincuencia es estructural y tiene una serie de soluciones. Hay que prevenir, educar y enseñar. También hay que mejorar el sistema penal para los adolescentes. Endurecer las sanciones para estos adolescentes busca contribuir a la solución de la delincuencia juvenil, pero no es la panacea para terminar con los delitos cometidos por menores, y debe estar acompaña de otras medidas, como las mencionadas. La experiencia penal establece que poner penas más severas no soluciona nada, pero sí contribuye en prevenir que no se cometan mas hechos delictivos”.
Carlos Rivera: “Si se llegara a juzgar a menores como adultos no se reduciría la criminalidad adolescente"
“La propuesta para juzgar a menores como adultos es una de las soluciones más facilistas que hay y no aborda el fondo del la problemática de la delincuencia adolescente. No hay relación entre el incremento de penas y la reducción de delitos. Así lo dice la experiencia. Esto ni siquiera ha funcionado en los países que han establecido la pena de muerte. Si se llegara a juzgar a menores como adultos no se reduciría el problema de la criminalidad adolescente, por el contrario, se generaría un problema que ahora no existe: a los menores se les estaría aplicando un estatuto jurídico que no les corresponde por su edad. Las experiencias que ha habido en nuestro país sobre el juzgamiento de menores para imponerles el sistema penal de los adultos, como lo ocurrido durante el régimen de Fujimori para los casos de terrorismo, han sido desastrosas. Lo que se debe hacer es mejorar, corregir y reforzar el sistema penal juvenil. El Estado tiene que ver cómo asistir con políticas sociales a los menores que por diversas razones están ingresando a cometer hechos violentos, porque esto es consecuencia de un fenómeno social, económico, no de cuál es la pena para quien comete un delito”.