“La principal garantía de la democracia y de la supervivencia es la participación de la gente”

Entrevista: Fernando Gamio

En entrevista con el Blog Inversión en la Infancia, Diego García – Sayán, director general de la Comisión Andina de Juristas (CAJ), juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analiza la importancia del proyecto de capacitación virtual en derechos humanos que desarrollarán, gracias a un convenio de cooperación interinstitucional, la CAJ y Salgalú Comunicación & Responsabilidad Social. Estos cursos se centrarán en cuatro temas: Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conflictos sociales, pueblos indígenas y coyuntura jurídica, que incluye aspectos como el reciente fallo de la Corte de La Haya sobre los límites marítimos entre Perú y Chile.

¿Cuál es la importancia de los cursos de capacitación virtual que van a desarrollar la Comisión Andina de Juristas y Salgalú Comunicación & Responsabilidad Social?

Hay una experiencia de trabajo conjunto de tres o cuatro años entre ambas organizaciones. Probablemente, lo que podría caracterizar a estos cursos de capacitación serían dos cosas: en primer lugar, estar dirigidos a sectores que son correas de transmisión, como funcionarios públicos y profesores universitarios, principalmente, aunque no exclusivamente; y, en segundo lugar, tratar temas que, desde el punto de vista operacional para la dinámica de las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas, son relevantes y fundamentales.

¿Qué temas se abordarán?

Hemos tratado muchas veces de abordar la conflictividad social que hay en nuestros países. En este caso, no haremos un análisis sociopolítico de los conflictos sociales, sino, centralmente, lo que haremos es afinar las herramientas que deben fortalecerse en la sociedad para el procesamiento de los conflictos, para su prevención, y para ver cómo, no solo en el Perú sino también en los demás países de la región andina a los que van dirigidos estos cursos virtuales, pueden mejorarse, por ejemplo, los mecanismos de consulta previa. Y también poner sobre el tapete otros asuntos que son parte de las obligaciones de todo funcionario público, pero que no necesariamente están metidos en el discurso interno de los organismos del Estado. Por ejemplo, la responsabilidad que tiene toda persona que trabaja en el Estado de cumplir no solamente con la ley interna, sino con el ordenamiento internacional, porque si no lo hace puede generar graves responsabilidades para el Estado. De manera que son asuntos que no son abstractos, sino que buscan proporcionar herramientas concretas, y tenemos una idea de que esto sea en dialogo con los asistentes a través de cursos interactivos, de manera que podamos ir midiendo por dónde van los intereses prioritarios de la gente.

¿Ha mejorado o empeorado la gestión de los conflictos sociales?

En el tema de los conflictos sociales hay que ver cómo se pueden afinar los mecanismos de un Estado democrático. El conflicto social en los tiempos autoritarios se resolvía a balazos o con bombas lacrimógenas, ahora se trata de utilizar métodos democráticos sin que eso debilite la presencia ni la capacidad de decisión del Estado; eso hay que discutirlo en términos muy precisos y operativos.

¿En torno a qué otros temas van a girar los cursos virtuales?

Un tema que es muy importante es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no para discutir abstracciones, sino para ver desde ese sistema qué obligaciones concretas se derivan para el Estado en materia a su relación con la ciudadanía para garantizar los derechos humanos. Ya no estamos hablando de un Estado que viola masivamente los derechos humanos, eso ya no es, felizmente, parte de nuestra realidad. Y, además, para discutir temas que se vayan presentando y que se muestren relevantes para el desarrollo social de nuestro país y de los procesos de integración en la región. 

¿Todo esto va de la mano con la importancia de un fortalecimiento de capacidades en cuanto a la formación de derechos humanos, cultura democrática y acceso a la justicia?

Eso es un poco lo central. Buscamos desarrollar capacidades para operar mejor. En el Perú y en América Latina hemos consolidado la democracia electoral; eso es algo muy importante, ya que nos hemos acostumbrado, bien, a que a los alcaldes se les elige, a los miembros del Congreso y del Poder Ejecutivo también. Pero la democracia es mucho más que eso, es un ir y venir que tiene que ver con el ejercicio de la participación, mecanismos de acceso a la información pública, mecanismos de consulta previa, que son aspectos que formalmente todo el mundo acepta y en los que todos coinciden, pero que traducirlos a la práctica es un asunto difícil. Entonces, una forma de consolidar los valores democráticos es mejorar las formas a través de las cuales la sociedad y el Estado desarrollan todos esos procesos de participación. Democracia participativa no es antagónica a la democracia representativa. En la práctica, la gente hoy día quiere ejercer sus derechos y quiere participar. Hoy día la gente que se siente víctima de una violación a sus derechos humanos presenta su caso al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a los organismos internacionales, porque se siente con derechos, y esa es una señal de salud democrática muy importante. Pero hay que mejorar la forma en cómo eso funciona y cómo se puede procesar.

¿Por qué es necesario priorizar estos temas en un contexto político de cambios?

Estos son valores constantes y van más allá de las opciones que cada cual, con todo derecho, pueda tener por una o por otra corriente política. Este no es un trabajo que busca hacer política en el sentido partidario; sí es hacer política en el sentido de afianzar los mecanismos de participación. Hoy, la principal garantía de la democracia y de la supervivencia y  fortalecimiento es la participación de la gente, y esto tiene que ver no solamente con ejercer el derecho al voto, sino con todos los días, desde fiscalizar, pedir información, algo que de manera caótica se está aprendiendo.

¿Qué es necesario para poder tener una real participación?

El diálogo es la forma de llegar a acuerdos, pero también está la responsabilidad de que cuando se llegue a una concordancia, esa concordancia se tenga que respetar. No es un barril sin fondo, se pueden inventar nuevos componentes de negociación que tienen que darse dependiendo de cada circunstancia que se presenta como nueva, por ejemplo, en el tema vecinal, que hoy día es algo concreto donde se puede ver la participación ciudadana en la seguridad, donde se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Luego están los mecanismos de participación en grandes procesos de inversión que afecten a la comunidad local. Es importante que los acuerdos sean respetados tanto por el poder político como por la sociedad organizada, porque eso le da solidez a ese proceso de participación.

¿Cree que hay conciencia en nuestro país sobre la importancia de la responsabilidad social?

Se está avanzando, pero conciencia todavía no hay. Creo que se ha avanzado mucho y por la rutas mas insospechadas. En este proceso, que es mundial, global, donde hay creciente preocupación por el medio ambiente, se quiere que los conflictos sociales no amenacen la estabilidad de la inversión. Es sorprendente encontrar en las páginas webs de grandes empresas trasnacionales un discurso muy comprometido con la responsabilidad social. En la mayoría de las grandes mineras que operan en el Perú, Colombia y Guatemala, hay unidades de personas encargadas de generar una relación positiva con la comunidad local.

¿Cree que funciona?

Que eso funcione bien en todos los casos es otra historia, pero indudablemente estamos en un curso donde hoy en día los accionistas que puedan haber en Denver o Colorado, por ejemplo, sí les preocupa que haya un conflicto social en nuestros países, porque eso afecta su propia capacidad de recuperación de la inversión. El proceso de consulta previa en el Perú está a cargo de un área del Ministerio de Cultura que no tiene una presencia territorial extendida. Cómo esto puede ser un mecanismo de prevención adecuado si no están en donde está la gente; allí tienen que estar antes, no hacer la consulta cuando se derramó el vaso de leche, porque ya es un poco tarde y ya se generó un espacio de desconfianza.

En cuanto a derechos humanos como la alimentación y nutrición de los niños. Hemos conocido estos últimos días que los índices de anemia infantil han subido en Lima ¿Frente a esa situación, el sector privado debería tomar partida frente a estos problemas?

Creo que sí, ya que no se trata de repartir limosna. Creo que los programas sociales, hoy día, se han asumido como responsabilidad sólo de un ministerio, y eso no puede ser así. Hay la necesidad de un compromiso mayor con programas que impliquen el derecho a organizarnos. Por ejemplo, sin ir a temas tan crudos como el derecho a la alimentación, que por supuesto es fundamental, basta ver la propia administración que se da a la cultura. Uno ve en otros países, como México o Chile, que el sector privado presta contribuciones muy importantes para construir museos, promover el arte, mejorar parques. Aquí en el Perú esto se encuentra ausente y es señal de un área que no les es vital, pero que sí lo es para la vida cotidiana de la gente más pobre. Esto da una señal de falta de compromiso.

¿De qué formas se pueden generar mejoras en la calidad de vida?

La calidad de vida tiene que ver con las condiciones materiales y con temas esenciales como la alimentación, la calidad de la educación, los medios de transporte y, por supuesto, con la seguridad ciudadana, que es una preocupación muy grande, en donde todas las respuestas que se van dando terminan siendo simplistas y a veces lo que uno esperaría es que se estudien bien las experiencias donde se han dado buenos resultados, y en todos los casos en que los ha habido hay una especie de triada de ingredientes que hay que poner en funcionamiento en el Perú: un sistema policial eficiente, un Poder Judicial adecuado, pero sobre todo participación ciudadana como un ingrediente absolutamente central.

¿Qué se espera con la capacitación en temas de derechos humanos que se va a dar mediante estos cursos virtuales dictados por la CAJ y Salgalú Comunicación & responsabilidad Social?

Esperamos tener un dialogo con gente que hoy es clave en el proceso social y político del país. La gente clave no es necesariamente los políticos que aparecen todos los días en los noticieros. En el proceso cotidiano de toma de decisiones, de relación de la gente con el Estado, las personas con las que la gente trata son otras, son funcionarios y funcionarias a veces anónimos, cuyos nombres nunca se saben en el proceso pero que acaban siendo quienes realmente representan y expresan al Estado y a la sociedad. Y tener un diálogo fluido, democrático y constructivo con ellos, que voluntariamente quieran participar en estos cursos de capacitación, sin que nadie esté obligado a hacerlo, creo que es una cosa alentadora y espero que deje un buen resultado para la sociedad peruana.