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ENTREVISTA
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Reynaldo Trinidad, director de la Revista Agro Noticias

“No se ha avanzado en la inclusión social de los campesinos”

Entrevista: Carlos Noriega

"El gobierno no tiene una política agraria", asegura Reynaldo Trinidad
Reynaldo Trinidad, reconocido experto en temas agrarios y director de la revista Agro Noticias, se refiere en la siguiente entrevista a la situación de la población rural, a la política agraria y de inclusión social del gobierno, y a los programas sociales y su efecto entre la población rural. También habla sobre los efectos de las heladas en las zonas alto andinas y el proyecto “Casitas Calientes”, desarrollado en Puno por la Asociación Salgalú para el Desarrollo a través de Tengo un Sueño Perú, la Municipalidad Provincial de Carabaya y la Universidad Católica, con el apoyo del Grupo Inversión en la Infancia, para evitar la mortalidad por causa del frio.

El actual gobierno señala en su discurso que su prioridad es la inclusión social y la inversión en la población más excluida, que es la rural. ¿Eso se está cumpliendo?

No. El problema es que tenemos un Estado divorciado de la realidad del Perú profundo, que no responde a la realidad del país. Tenemos un Estado monolingüe, monocultural, preponderantemente costeño y eminentemente metropolitano. Es un Estado anquilosado en Lima. Una prueba fehaciente de esto es que nunca ha habido un ministro de Agricultura que realmente proceda de la agricultura. El segundo problema es la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno: central, regional y local. Las políticas, como recientemente los problemas de la roya del café y las heladas, son manejadas desde la capital del país. Lima debería concertar las políticas, orientarlas, facilitar los recursos y fiscalizar el cumplimiento de esas políticas, pero la ejecución debe correr a cargo de los gobiernos regionales. El programa Agro Rural, por ejemplo, se maneja desde una oficina en Lima. En los últimos años se siente una creciente descapitalización humana como consecuencia del olvido y la pobreza. Discrepo mucho con aquellos economistas que dicen que se está reduciendo la pobreza en el campo, creo que es una reducción artificial.

El gobierno destaca el impulso a los programas sociales para reducir la pobreza.

Atenuar la pobreza a través de los programas sociales es hacer una apuesta de resultado incierto. Los campesinos del Perú creo que no necesitan de los programas sociales, lo que básicamente necesitan es justicia para sus productos y no la competencia desleal de las importaciones…

¿Se refiere a los Tratados de Libre Comercio (TLC), que permiten el ingreso al país de alimentos importados que son subsidiados en sus países, como es el caso de la producción que viene de Estados Unidos?


Los TLC implican una competencia desleal porque están entrando a nuestro país productos subvaluados o subsidiados y eso le quita valor a la producción nacional. Esto, efectivamente, está afectando a los campesinos. Los únicos que se han levantado hasta ahora contra los TLC son los comerciantes de Gamarra, pero muy pronto se van a  levantar los algodoneros y los arroceros. La competencia desleal induce a los campesinos a que se vayan a la coca. Los campesinos expulsados por la pobreza de los Andes hacia la Amazonia son los que siembran coca.

¿Cómo ve la política de desarrollo agrario del gobierno?

El primer parámetro para juzgar la política agraria de cualquier gobierno es la Constitución del Estado. La Constitución dice en su artículo 88 que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, porque el agro es la base de la alimentación, pero eso no se cumple. Aunque el agro representa el 8 por ciento del PBI (Producto Bruto Interno), el 25 por ciento de la población, el 36 por ciento de la PEA (Población Económicamente Activa) y el 70 por ciento de los alimentos que consumimos todos los peruanos, el Estado, en contra de ese precepto constitucional, le asigna a la función agropecuaria en los tres niveles del gobierno más a menos el dos y medio por ciento del Presupuesto Público, o sea medio por ciento del PBI, es decir, de cada 100 soles de la riqueza nacional solamente medio sol es para el agro, con el agravante que más del 85 por ciento de ese presupuesto se queda en la ciudad para pagar sueldos y servicios generales. El presupuesto asignado al agro no guarda ninguna proporción con el peso socioeconómico del campo y con la deuda histórica que tiene el Estado con el Perú rural.

¿Cuál es la orientación de la política agraria del actual gobierno?

No tiene política agraria. La prueba de eso es que en su primer año tuvo tres ministros de Agricultura con tres planes diferentes. No discuto la buena calidad profesional de cada uno de ellos en su campo, ni siquiera su calidad moral, el problema es que no conocen la realidad diversa del agro peruano.

¿El gobierno prioriza la agroexportación y la agricultura costeña mientras hay un abandono de los campesinos andinos?

Sin duda. El reencuentro histórico con el Perú rural que planteó Humala ha sido un discurso político más, eso no se cumple. Sobre seguridad alimentaria y desarrollo rural no se cumple lo que dice la Constitución y se señala en el Acuerdo Nacional. Hay cinco leyes que disponen la comprar directa y descentralizada de alimentos exclusivamente nacionales por el Estado, uno de ellos es el programa Qali Warma…

¿Y eso no se está cumpliendo?

"La manera franca de incluir socialmente es dar un mínimo de rentabilidad al agro", señala Reynaldo Trinidad
No. La ex ministra Carolina Trivelli, que creo que ingresó con esa buena intención, decía que el objetivo de Qali Warma era acabar con la corrupción que caracterizaba al PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria) para dar dietas de calidad a nuestros niños, porque ahí está nuestro futuro, y al mismo tiempo ofrecer mercado a los productores locales, pero eso no se cumple. El programa Qali Warma ha sido capturado fundamentalmente por los oligopolios importadores y procesadores de alimentos. En el caso de la leche, por ejemplo, el mercado del programa Qali Warma ha sido capturado por un oligopolio importador e industrial.

El gobierno resalta como parte central de su política agraria la inversión en pequeños reservorios y la construcción de tambos para llevar los servicios del Estado a las zonas rurales en las que no hay presencia del Estado. ¿Cuál será el impacto de estos reservorios y tambos en el desarrollo agrario?

Al actual ritmo de construcción de los tambos, necesitaríamos tres gobiernos para que estos tambos estén en todas las comunidades y caseríos. La meta con los primeros mil millones de soles del programa Mi Riego para construir pequeños reservorios es irrigar cuarenta mil hectáreas en favor de 200 mil campesinos. El último censo dice que los campesinos en el país son 2 millones 300 mil. La lentitud del programa Mi Riego va a ser frustrante. Su impacto será mínimo.

¿Qué propone para desarrollar el agro y sacar de la pobreza a estos 2 millones 300 mil campesinos, entre quienes se dan los mayores niveles de exclusión, pobreza, desnutrición, anemia, falta de acceso a servicios básicos?

Todos los diagnósticos señalan que el Perú tiene que compensar la deuda histórica con el Perú rural, horizonte número cuarto del programa inicial del gobierno de Humala, que no se cumple. Todos los políticos antes de las elecciones ofrecen lo mismo: vamos a reencontrarnos con nuestros hermanos del campo, porque son el 25 por ciento del país, pero después no hacen nada. Lo que hay que hacer es cumplir los artículos 63 y 88 de la Constitución y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional que señalan la prioridad del agro y la seguridad alimentaria.

¿Eso cómo debe manifestarse en políticas concretas?

Lo primero que requiere el campo es rentabilidad, tener un mercado seguro para la producción eficiente, eficiente según el nivel tecnológico. Organización, capacitación y capitalización es lo primero que necesita el agro, y no le regalarle nada al campesino. Lo peor que se puede hacer en nuestro país es regalar, porque hay gente que se ha acostumbrado a estirar la mano. La prueba de que el campo reacciona mejor de lo que imaginan muchos tecnócratas es lo que está ocurriendo con la alianza cocinero-campesino: el movimiento gastronómico está haciendo el prodigio de revitalizar a la agricultura campesina.

¿Los productores de quinua son un ejemplo de esa revitalización del agro?

Los quinueros han mejorado con el alza del precio de su producto, aunque algunos dirigentes agrarios dicen que eso no es así, que los productores de quinua siguen siendo víctimas porque los que ganan son los intermediarios, sin embargo es una realidad que, por ejemplo, los productores de quinua de Puno, que antes recibían por un kilo de quinua alrededor de un sol, máximo dos soles, ahora están recibiendo cinco soles. Este es un tema complejo, porque la disparada del precio de la quinua en el mercado ha generado una distorsión.

¿Cuál es esa distorsión?

En Ayacucho y en Puno he escuchado este discurso: ‘el boom de la quinua lo que ha hecho es quitarnos la quinua de la boca’; eso dicen los pobladores locales, que ahora ya no pueden comer la quinua que antes consumían porque su precio es prohibitivo. La ironía es que las familias campesinas que producen quinua y antes comían quinua, ahora, por su precio alto, ya no la comen sino que la venden, y con ese dinero compran otros productos para alimentarse, como fideos o arroz, que son menos alimenticios, por lo que ahora se están alimentando peor que antes. La salida es que se incremente la productividad de quinua. 

El crédito a los campesinos es fundamental para el desarrollo del agro. ¿Cómo está funcionando los créditos que debe dar el Banco Agrario?

En el Banco Agrario hay propósito de hacer, de trabajar, pero lamentablemente la política macro no funciona. Le voy a poner un solo ejemplo: nosotros tenemos alrededor de 70 mil millones de dólares en reservas internacionales, nadie sabe cuánto gana ese dinero en intereses, pero por información extraoficial se dice que gana la tasa de interés internacional, que más o menos anda entre uno y dos por ciento. Entonces nuestro planteamiento es que se traiga unos 500 millones de dólares para dar ese dinero en crédito a los campesinos cobrando 4 ó 5 veces más de esa tasa de interés internacional y así los campesinos puedan tecnificar el riego con el fin de ahorrar agua y duplicar o triplicar la productividad. Ese dinero puede ser devuelto al Estado en un año si se trata de cultivos transitorios y de tres a cinco años si se trata de frutales y otros cultivos permanentes.

El gobierno tiene como bandera política la inclusión social ¿Desde el punto de vista de la política agraria, de la situación de los 2 millones 300 mil pequeños campesinos que están en mayor situación de exclusión, qué tanto hemos avanzando en inclusión social en estos dos años de gobierno?

"Atenuar la pobreza a través de los programas sociales es hacer una apuesta de resultado incierto", Reynaldo Trinidad
Salvo a través de los programas sociales, que son volátiles, y algunas islas, como los productores de quinua que han mejorado sus ingresos, no se ha avanzado nada en la inclusión social de estos más de dos millones de campesinos. La manera franca de incluir socialmente es dar un mínimo de rentabilidad al agro. Los políticos en nuestro país dicen habitualmente que la gran revolución que se necesita para cambiar el Perú es la educación, eso es cierto, pero nunca deben olvidar que jamás un estómago mal alimentado va a dar un cerebro ilustrado. La primera necesidad del hombre es comer y el único sector que puede satisfacer esta necesidad elemental es el agro, en complementación con la pesca, que no es una actividad productiva sino extractiva. Parafraseando lo que decía un partido político, podemos decir que solo el agro salvará al Perú.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) señaló que el programa Juntos además de entregar 100 soles mensuales a las personas en extrema pobreza de las zonas rurales también iba a impulsar programas productivos. ¿Eso se está dando?

No conozco un solo caso. Alguna vez al presidente Humala le plantee lo siguiente: ¿Cuánto reparte el programa Juntos en un gobierno? Cien soles por mes son 6 mil soles por familia en un periodo de gobierno de cinco años. Como este apoyo económico no es sostenible, lo que debiera hacer el Estado es poner esos 6 mil soles que se le da a cada familia para el desarrollo de algún negocio en la agricultura, ganadería, apicultura, artesanía, y si no hay nada por desarrollar por favor ponga una pica pedrería para que los campesinos tallen piedras en pro de las acequias, reservorios, pero créenles una actividad económica. Eso no está ocurriendo. El programa Juntos se está limitando al asistencialismo.

Recientemente las zonas alto andinas han sufrido una ola de frío y de nevadas que han causado graves daños, incluyendo la muerte de muchas personas y la pérdida de sus cultivos y animales. Este es un problema que se repite todos los años. Cada año mueren cerca de 400 niños menores de cinco años por causa del frío, y no hay una política de prevención. ¿Cómo ve el proyecto “Casitas Calientes” desarrollado en Puno, que busca prevenir las muertes causadas por el frío?

Las muertes por causa del frío es un hecho cruel frente al cual el Perú oficial reacciona solamente en los momentos de emergencia. Después nos olvidamos. Lo que hay en el país es la política del bombero, pero no existe la política del buen granjero, que es la prevención. Hay que tener una cultura de prevención en el país. En ese sentido, el proyecto “Casitas Calientes” me parece extraordinario. Lástima que los medios de comunicación no siempre se interesen por este tema. En el 2009, en el Ministerio de Vivienda se creó el bono familiar habitacional, que era un subsidio equivalente a 12 mil soles por familia. Esos recursos son más que suficientes para construir una de estas “casitas calientes” para estas familias. Pero este bono familiar no funciona. Hay que eliminar los techos de calaminas en los Andes, porque la calamina, como todos los metales, es un elemento que agudiza las temperaturas extremas: en el verano la casa se convierte en un horno y en invierno en una refrigeradora. Hay que poner aislantes o volver a la tecnología ancestral de la paja y la teja, que es más barato. El reacondicionamiento de las viviendas, como hace el proyecto “Casitas Calientes”, es lo más importante porque primero es el ser humano. Luego hay que ver la adaptación genética de los animales de estas zonas a las condiciones de frio extremo. Hay que seleccionar a las alpacas, a las llamas, a los animales que resisten mejor al frío en condiciones de campo abierto. Hay que guardar forraje para que los animales puedan alimentarse en tiempos de frío y escasez, y no mueran de hambre. Hay diversas zonas en el mundo donde los seres humanos, las especies animales y vegetales, viven perfectamente en escenarios frígidos, glaciares, como la Patagonia argentina y chilena, Alaska, Groenlandia, Islandia, Rusia. Hay que preguntarse por qué ellos resisten y nosotros no. Hay que tomar acciones para prevenir las consecuencias del frío en las zonas alto andinas. Cuanto más nos retrasemos en actuar va a ser más costoso hacerlo.

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