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El Congreso de la República está pendiente debate sobre nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente

Situación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes

Diversos casos de violencia contra niños han  aparecido en las últimas semanas en los medios de comunicación. Esto pone en evidencia una dramática realidad que en gran parte sigue todavía invisibilizada. En el Congreso está pendiente el debate para un nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente. Preocupa que la propuesta en mayoría para este nuevo Código mantenga una puerta abierta para esta violencia contra la infancia. La propuesta en minoría sí propone su prohibición absoluta (ver entrevista a congresista Verónika Mendoza).

Según diversos expertos, el incremento de los casos públicos de violencia contra la infancia no significa necesariamente un aumento de esta violencia, sino que esto podría estar revelando una mayor decisión de denunciar estos hechos.

Un grave problema en nuestro país es la falta de información a nivel nacional sobre la violencia contra la infancia. No existen estudios que permitan conocer la real magnitud de la violencia contra la infancia a nivel nacional. Solamente hay estudios parciales. Los datos existentes se basan en los casos que son denunciados.

De acuerdo a datos de los Centros de Emergencia Mujer, en el año 2014 se registraron en tod0o el país 5 mil 579 denuncias por agresiones físicas y psicológicas a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a una encuesta de Ipsos Perú, realizada por encargo del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia y presentada en el III Encuentro Nacional por la Primera Infancia en setiembre de 2014, el 51 por ciento declara haber sido testigo de violencia física contra los niños en su entorno más cercano, y el 53 por ciento dice haber sido testigo, en ese entorno cercano, de agresiones verbales contra los niños.

Según la Encuesta sobre Derechos Humanos presentada por el Ministerio de Justicia en diciembre de 2013, el 28 por ciento señala estar de acuerdo con golpear a los niños como un método de corrección, el 64 por ciento está en desacuerdo, y el 8 por ciento no se pronunció.

Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), realizado el año 2012 en 904 hogares de Lima, Loreto y Huancavelica, demuestra que la mayor violencia que sufren los niños se da en el hogar (44,2%). Esto también se presenta en estudios realizados en otros países. El segundo espacio de violencia es la escuela (28,3%).

Según este estudio de GRADE, para el 24,4 por ciento de las mujeres la violencia física contra sus hijos es necesaria como castigo, y el 25 por ciento está de acuerdo en que los profesores castiguen con violencia física a sus hijos.

Estos datos revelan que la violencia contra la infancia todavía se considera, a nivel social, como necesaria para educar a los niños.

Legislación contra violencia infantil

El dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso para un nuevo Código del Niño y Adolescente, que está pendiente de debatirse en el Pleno del Congreso, mantiene la figura del ‘castigo moderado’ y no incluye la prohibición expresa del castigo físico y humillante a los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, lo que es considerado por diversos expertos como una puerta abierta para la violencia contra la infancia (ver entrevista “Congreso debe derogar legislación que tolera violencia contra la infancia”).

El dictamen en minoría sobre este Código sí contempla la prohibición expresa de todo tipo de violencia contra la infancia. En el pleno del Congreso se tomará la decisión final sobre este tema. Se espera que este debate se dé en la presente legislatura.

En junio de 2014, la congresista Marisol Pérez Tello presentó un Proyecto de Ley sobre el buen trato a los niños, niñas y adolescentes, que prohíbe la violencia física y psicológica, así como el castigo físico y humillante, contra los niños, niñas y adolescentes.  

Son 41 países en el mundo los que han adoptado una legislación que prohíbe expresamente y sanciona todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En América Latina son 6 los países que tienen una legislación de este tipo: Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Brasil y Bolivia.  

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