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ENTREVISTA
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Emilio García Méndez, experto internacional en derecho de infancia

“La tarea fundamental para el cumplimiento de los derechos de la infancia es el fortalecimiento de la sociedad civil”

Entrevista: Carlos Noriega


"No se ha avanzado más en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño porque la cuestión de la infancia todavía no tiene la centralidad que se merece", señala Emilio García Méndez.
Emilio García Méndez, experto internacional en derecho de infancia, ex funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y presidente de la Fundación Sur Argentina (www.surargentina.org.ar), estuvo de paso por Lima para dictar una charla sobre derecho de infancia en la Academia de la Magistratura. El Blog Inversión en la Infancia conversó con García Méndez sobre los avances y retrocesos en los derechos de la infancia, lo que se ha hecho y falta hacer para cumplir con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aprobada en 1989, y el rol de la sociedad civil para mejorar las políticas públicas a favor de la infancia.



Han pasado 20 años desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, pero todavía quedan muchos temas pendientes para su cumplimiento. ¿Por qué no se ha avanzado más en la aplicación y cumplimiento de esta Convención?
La Convención propone un cambio radical de paradigmas. Todas las transformaciones históricas en el mundo han llevado muchísimos años para su implementación. La Convención de los Derechos del Niño es la revolución francesa que a los niños les ha llegado con 200 años de atraso, pero más vale tarde que nunca. Hay disposiciones de esta Convención que, efectivamente, todavía no se cumplen, y hay disposiciones de la revolución francesa que implican la modernidad que tampoco se cumplen. La ley es condición imprescindible para todo, pero no es condición suficiente para nada. La ley no es un instrumento mágico. Si la ley fuera un instrumento mágico, al día siguiente que se aprueba una ley contra la violencia contra las mujeres o contra los niños se acabaría esa violencia.

Sin duda la aprobación de una ley no soluciona automáticamente un problema, pero ¿en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, por qué no se ha avanzado más en su aplicación?
No se ha avanzado más en su cumplimiento porque la cuestión de la infancia todavía no tiene la centralidad que se merece y no la tiene porque hay una relación asimétrica entre infancia y política. Esto quiere decir que si de un lado cada vez somos más los que trabajando en las cuestiones de la infancia sabemos que las cuestiones grandes de la política, como los temas de la corrupción o la gobernabilidad, son relevantes, todavía son muy pocos aquellos que trabajando con seriedad las cuestiones de la política le otorgan a la infancia la importancia que se merece. Ahí se configura la asimetría. Necesitamos romper con esta asimetría entre infancia y política e ir cerrando esta brecha. Estoy convencido que si no tenemos una oferta mejor de políticas sociales para la infancia es porque no tenemos una demanda mejor. El día que la sociedad le demande al Estado políticas públicas para la infancia de la misma forma que le demanda al entrenador de la selección nacional una buena calidad de fútbol, mejoraremos la política para la infancia.

¿Por qué no existe en América Latina una mayor exigibilidad de parte de la sociedad civil para demandar políticas a favor de los derechos de la infancia?
Porque en América Latina tradicionalmente la sociedad civil ha sido débil y el Estado ha sido fuerte. Es la tradición de que el Estado lo es todo y la sociedad civil una ameba gelatinosa. Lo que necesitamos en América Latina es un mayor nivel de institucionalización del cumplimiento de los derechos. No podemos dejar el cumplimiento de los derechos a la discrecionalidad. En la medida que vayamos creando más niveles de autonomía de la sociedad civil, podremos articular mejor con los gobiernos para tener una política de Estado que sea el resultado de esta síntesis.

¿Cuál es la situación de la sociedad civil en América Latina?
Estamos, en este aspecto, en una situación de crisis, pero no en el sentido abstracto de la palabra, sino en el sentido que el gran pensador italiano Antonio Gramsci lo planteaba: la crisis se configura cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en esa transición entre lo viejo y lo nuevo.  

¿Avanzar en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y en general en la aplicación de políticas públicas a favor del desarrollo de la infancia, pasa fundamentalmente por el fortalecimiento de la sociedad civil y de su capacidad de exigibilidad?
No tengo ninguna duda de que es así. La tarea fundamental es el fortalecimiento de la sociedad civil. Hay que aumentar los niveles de demanda de políticas a favor de la infancia, porque solamente aumentando la demanda vamos a aumentar la oferta. Yo dirijo una Fundación que hace defensa jurídica y nosotros permanentemente procesamos al Estado por la oferta insuficiente de políticas públicas. Esta exigibilidad hay que plantearla tanto en el plano jurídico, como en el plano político y social.

¿Diría que en los temas de infancia hay una especie de casta de expertos que se han apropiado del discurso sobre la infancia y que eso se ha convertido en un obstáculo para que el tema sea asumido ampliamente por la sociedad civil y, por lo tanto, ha impedido avanzar más rápidamente en la protección de los derechos de la infancia? 
Sí. Esta casta de expertos se ha afianzado porque el problema de la infancia se ha visto solamente desde la perspectiva de la oferta y no desde la perspectiva de la demanda. Tomemos como ejemplo la educación: desde el punto de vista de la oferta es una cuestión de los expertos, desde el punto de vista de la demanda es una cuestión de todos. Esto quiere decir que si queremos romper con esas especialidades corporativas que retrasan el cumplimiento de los derechos, tenemos que trabajar mucho más desde el punto de vista de la demanda que de la oferta.   

La Convención de los Derechos del Niño no se enseña en las escuelas como establece la propia Convención. ¿Ese es un factor que debilita su cumplimiento?
Si eso se hiciera con más sistematicidad seguramente fortalecería la Convención. Todas las iniciativas para que la gente, y los niños son gente, conozcan sus derechos, son fortalecedoras de la democracia.

Usted ha dicho que la Convención de los Derechos del Niño es una ruptura de paradigmas. ¿Cómo ha cambiado esta Convención el orden jurídico en relación con la infancia?
La  Convención regula las relaciones de los niños con los adultos y con el Estado. En el viejo derecho romano el padre tenía con los hijos una relación de absolutos, literalmente el padre podía, y eso no es una exageración, matar, entregar en esclavitud al hijo. De esa situación a pensar que el niño es un sujeto de derechos han pasado dos mil años. La Convención de los Derechos del Niño ha sido pensable porque en el campo de lo social se ha dado un proceso de democratización de las relaciones familiares. La Convención es necesaria porque este proceso de transformación y democratización de las relaciones familiares es incompleto. Si fuera completo no necesitaríamos la ley.

Una frase que se ha repetido mucho en América Latina es que hay buenas normas a favor de la infancia pero el problema es que no se cumplen. ¿Es así? 
No siempre. Hay buenas normas que no se aplican y hay normas desastrosas que sí se aplican. Hay que tener mucho cuidado en seguir repitiendo que en América Latina hay legislaciones maravillosas que no se aplican. Últimamente muchos países de América Latina hemos estado sometidos a retrocesos brutales en materia de libertades.

¿Cuáles son esos retrocesos?
Los mayores retrocesos han sido campañas autoritarias que se han condensado en dos slogans: aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad. Los medios de comunicación han hecho un vínculo automático entre  inseguridad y delincuencia juvenil. Desde fines de los años ’90 asistimos a un largo proceso de involución autoritaria en materia de infancia.  

¿Se da una paradoja en el sentido de que la Convención de los Derechos del Niño tiene valor de ley en los países de la región y éstos al mismo tiempo dictan normas legales, como lo que usted señala en materia penal, que contradicen esta Convención?
Hay avances y retrocesos. Hay leyes que van más allá de la Convención en el sentido positivo y leyes que son un retroceso. La Convención de los Derechos del Niño es el gran referente en materia de infancia. Y no solamente en un sentido simbólico, sino en un sentido práctico, porque se erige como una especie de termómetro para saber cómo está la situación de la infancia en un determinado país, cómo estamos en el nivel de cumplimiento de los derechos de la infancia.

¿Cuáles son los puntos en los que menos se ha avanzado en aplicar la Convención de los Derechos del Niño?
Los puntos en lo que flaquea la Convención son los puntos en los que flaquea la democracia en América Latina, porque la cuestión de la infancia no está desvinculada de la cuestión de la democracia y tenemos democracias débiles, por eso tenemos los problemas de la infancia. Tenemos que aumentar la calidad de la vida democrática y en ese contexto aumentar la calidad de las políticas para la infancia. Necesitamos algo que parece poco pero es mucho: cada vez tener más información transparente y cuantitativa confiable sobre  todos los temas de la infancia.

¿En qué países de América Latina se ha avanzado más en el cumplimiento de los derechos de la infancia?
En este sentido América Latina es muy heterogénea, hay países que están muy bien en algunos aspectos y muy mal en otros. Por ejemplo, Argentina ha avanzado muchísimo en materia de políticas sociales básicas, la asignación universal para la infancia, y en eso es un modelo, pero en materia de las políticas vinculadas a la ley penal Argentina es el país más brutal y atrasado de América Latina. Esto muestra la complejidad de este tema.

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