"No estamos preparados para la desaceleración económica y quienes salieron de la pobreza pueden volver a ella”

Entrevista: Fernando Gamio



El historiador, antropólogo e investigador asociado de DESCO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo), Carlos Monge, hace un balance de los cuatro años de gobierno del presidente Ollanta Humala en relación a reducción de la pobreza, inclusión y los programas sociales. Monge señala que el gobierno no está preparado para la desaceleración económica producto de la caída del precio de los minerales y advierte que quienes han salido de la pobreza en los últimos años podrían volver a caer en ella.  






¿Cuál es su balance de los cuatro años de gobierno del presidente Ollanta Humala en relación a la inclusión social?

Me parece que en términos generales, en su primer año de gobierno, el presidente Ollanta Humala se benefició de esta “suerte de viento a favor” que corría por el alto precio de los minerales y del petróleo. Desde ese punto de vista, lo que se hizo fue mantener la política económica de los gobiernos anteriores, que consistía, básicamente, en no hacer nada. La idea del “piloto automático”, confiando en que el “efecto arrastre” de las exportaciones mineras iba seguir generando crecimiento con “chorreo” y que de alguna manera eso se iba a encargar por sí solo de resolver los grandes problemas de pobreza y de exclusión, fue un error.

¿Qué se pudo haber hecho mejor?

A partir del año 2012, y clarísimamente en 2013 y 2014, se cayeron los precios de los minerales y del petróleo, y, por tanto, la idea de que lo único que había que hacer era mantener “el piloto automático” ya no dio más. Lamentablemente, este gobierno, y obviamente tampoco el de Alan García, se habían preparado para ese escenario. Entonces, ahora que cayeron esos precios no estamos preparados como país para afrontar esa situación.

¿Era posible prepararse para ese escenario económico?

Hubiera sido posible con la diversificación productiva, pero este tema está todavía en el papel. Es obvio que éste no es un tema central en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos pagando el precio de una economía que se ha desacelerado. Ha comenzado el temor, según lo expresado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y varios analistas, de que toda la población que logró salir de la pobreza durante el llamado “súper ciclo de las commodities”, ahora regrese a la pobreza, porque salió de esa situación por el “efecto arrastre” de la minería y no porque se hubiesen dinamizado otros sectores  productivos con mayor capacidad de generación de empleo de manera sostenible. Esa es una preocupación.

¿En ese escenario, cómo se enfrentó la pobreza?

Se mantuvo un sistema focalizado, en general, de lucha contra la pobreza versus un sistema que sea garantista de derechos desde un enfoque universal. Esta crítica al gobierno no se aplica obviamente a programas como Juntos, que, por definición, van a la población en extrema pobreza y tienen que ser focalizados, pero sí es una crítica, por ejemplo, al SIS (Sistema Integral de Salud). En lugar de aumentar sustantivamente el presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA), se focaliza la atención en el sector más pobre, en unas cuantas coberturas, y de alguna manera siempre queda fuera de la perspectiva la idea de la atención universal en salud.

¿El gobierno ha abordado el tema de la redistribución de la riqueza?

Lo otro que el gobierno no ha hecho, y que debería haber hecho, porque es una manera de luchar contra la pobreza y por la inclusión social, es jugar un rol redistributivo, por ejemplo, a través de los salarios. El salario tiene un poderoso rol redistributivo y de disminución de las brechas, sin embargo, hay una terca negativa en el Poder Ejecutivo de aumentar la remuneración mínima vital. Recordemos que al ex primer ministro, César Villanueva, lo removieron del cargo porque se le ocurrió mencionar este tema.

¿No se han dado avances en cuanto a ingresos y derechos laborales?

Se mantienen regímenes con derechos recortados para importantes sectores de la población, como los trabajadores de la agro industria, del sector textil, de las micro y pequeñas empresas, del empleo doméstico, entre otros. Estos sectores poblacionales están atados al salario mínimo, a la mitad de la CTS y de las gratificaciones, a la mitad de las vacaciones; en esa lógica es que se quiso imponer también la llamada “Ley Pulpín” para recortar los derechos laborales de los jóvenes.

¿En este panorama, qué acciones positivas del gobierno se pueden resaltar?

Me parece que el gobierno ha tecnificado el trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Me parece que se ha hecho un manejo serio, sin politizarse, sin hacer clientelismo; no se ha llegado a los niveles groseros a los que se llegó en el pasado con manipulación político partidaria de las necesidades de los más pobres. Eso me parece positivo. Programas como Juntos y otros que se han heredado, se han rediseñado y mejorado durante este gobierno.

¿Existe el riesgo de retroceder en materia reducción de la pobreza? 

Me parece que el gobierno del presidente Humala en términos de pobreza e inclusión social agarró el último viento del súper ciclo económico por el precio de los minerales y del petróleo, y se benefició de él, pero luego ha encarado el problema de la caída de los precios de estas exportaciones, y, por tanto, de la desaceleración económica. No ha logrado revertir la lógica de la focalización para pasar a la universalización y no logró embarcarse en una ruta de diversificación productiva que cree empleos con ingresos dignos. Entonces, me parece que ahora el riesgo es que se revierta mucho de lo que se ha logrado, y no solamente que los pobres regresen a ser pobres extremos, o que los que salieron de la pobreza regresen a ser pobres,  sino que se produzca un retroceso general en este proceso de construcción de clases medias que hemos vivido en los últimos tiempos y que sería indispensable tratar de sostener.

En la lógica de la inclusión social, que fue la razón por la que se creó el MIDIS, ¿cree que este ministerio ha cumplido el rol que tenía en un principio de ser el ente articulador entre todos los sectores del Estado para las políticas sociales de inclusión?

El MIDIS ha jugado un buen rol en la gestión de los programas sociales; eso hay que celebrarlo y respetar que se haya hecho con seriedad, con respeto por la población pobre, sin someterla a manipulación y cosas por el estilo. Todo eso me parece que está bien. Sin embargo, de ahí a afirmar que se ha logrado que la inclusión social sea el eje de todo lo que se ha hecho, creo que no es así.

Muchos expertos consideran que los programas sociales básicamente cumplen una función  asistencialista. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

Creo que hay una dimensión asistencialista absolutamente indispensable en algunos programas sociales. Al que está en la extrema pobreza tienes que ir a ayudarlo. El asunto es que no puede ser permanente, uno debe entender que cada una de las intervenciones debería ser estrictamente temporal y con cargo a solucionar el problema estructural que está detrás de esa pobreza. Los programas sociales que se inventaron a inicios de los años ‘90, y que se inventaron en varias partes de América Latina en un contexto de aplicación de políticas de ajuste estructural, han pasado a ser permanentes. Son por lo menos 25 años que estos programas sociales temporales están en funcionamiento, lo cual demuestra una cosa: que el mercado y, más precisamente, el modelo macroeconómico que se ha puesto en práctica desde los ‘90 y que se ha mantenido en su lugar en los últimos 25 años, no ha resultado, porque si hubiese resultado entonces no habría la necesidad de, 25 años después, seguir discutiendo sobre estos programas sociales. Ese me parece que es “el plato de fondo” y en eso el gobierno peruano, el gobierno del presidente Ollanta Humala, ha sido continuista en relación a los anteriores gobiernos.

¿Los programas sociales han dado resultados?

En la medida en que hay un modelo macroeconómico que, por definición, excluye a un segmento importante de la población, entonces tiene que haber un programa social que asista a este sector que está en extrema pobreza y vulnerabilidad, y que necesita ayuda. Creo que como parte de la gestión del MIDIS, sí se han hecho esfuerzos para que los programas sociales, que como digo tienen que tener un carácter asistencialista, pues esa es su lógica, no sean sólo asistencialistas, sino que también incluyan un combo de actividades que preparen a la población para desenvolverse en el mercado como productores, como empresarios o como trabajadores. Eso me parece importante. No sé qué tan suficiente ha sido, pero, por lo menos, creo que se ha pasado de la pura asistencia que fue la lógica en los años ’90, y buena parte de la década pasada, a una intervención más compleja, que combina la asistencia con el desarrollo de capacidades para poder dejar de ser pobre. Pero, claro, todo esto con la continuidad de un modelo macroeconómico que te deja de todas maneras a un 20 ó 30 por ciento de las personas sin ninguna  chance de dejar la pobreza. Entonces, hay una contradicción ahí en los términos, pero desde el punto de vista del MIDIS sí se han hecho los esfuerzos para combinar la clásica asistencia con el desarrollo de capacidades. Me parece que por ese camino hay que seguir y profundizar más.

¿En estos cuatro años de gobierno, ha habido avances o retrocesos en relación a las brechas de pobreza en los sectores urbanos y rurales?

Me parece que las mejoras han sido, sobre todo, en las zonas urbanas, pero ha habido también una significativa reducción de la pobreza en las zonas rurales. Hay un estudio publicado por el CIES (Consorcio de Investigación Económica y Social) que indica como, por ejemplo, los espacios urbanos han tenido una mayor capacidad de aprovechar las ventajas que les ha generado la cercanía con proyectos mineros, mientras que las poblaciones rurales no han mantenido ninguna capacidad de engancharse ventajosamente a los mismos, y han mantenido, incluso profundizado, su pobreza, al mismo tiempo que las zonas urbanas se han beneficiado de la capacidad de proveer bienes y servicios.  Creo que, ciertamente, se ha dado un proceso general de disminución de la pobreza.

¿Qué debe continuar y qué debe cambiar en el próximo gobierno respecto a las políticas de inclusión social?

Creo que debe continuar un manejo técnico, transparente y políticamente neutral de los programas sociales, porque esa es una manera de respetar la dignidad del más pobre, no condicionarlo, no decirle sólo te doy si es que me apoyas; ese es un maltrato, una ofensa. Eso debe continuar. Me parece que hay que apostar por un modelo macroeconómico diferente, de cierre de brechas de productividad entre los distintos sectores, y que sea, por tanto, más capaz de crear empleo productivo, con ingresos dignos. Me parece que esa es la mejor política de inclusión. También hay que abandonar esa lógica de la focalización, sobre todo en el enfoque de la salud, para pasar a una lógica de universalización, lo cual supone no estar tratando de distinguir entre un pobre y otro, sino, más bien, aumentar, de manera general, las capacidades y presupuestos del Ministerio de Salud para que una posta médica en Huancavelica, por ejemplo, pueda atender a todos, y no solamente a algunos cubriéndoles solamente unos tipos de curaciones. La idea es universalizar la cobertura de los servicios de salud entre los más pobres.

¿Qué espera de este último año de gobierno?

Poco, en realidad. Me parece que es un gobierno que entró vendiendo la idea de “una gran transformación”, y luego se acomodó a lo que se venía haciendo antes, y de alguna manera dijo “voy a hacer lo mismo, ya que si la pobreza ha caído haré lo mismo”. Por eso, el gobierno puso de ministro de Economía y Finanzas (Luis Miguel Castilla) al ex viceministro de ese sector durante el gobierno de Alan García. El gobierno no ha tenido una idea clara de cómo reaccionar frente a la desaceleración económica;  peor aún, su reacción ha sido para proteger las ganancias de los grandes inversionistas y no para proteger los ingresos y la calidad de vida de los más pobres.