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ENTREVISTA
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Ronald Gamarra, abogado especializado en derechos humanos

“La autoridad de los padres no supone el ejercicio de la violencia física contra los niños”

Ronald Gamarra, abogado especializado en derechos humanos, señaló que "entre nosotros el uso de la fuerza física contra los niños está permitido socialmente".
Entrevista: Fernando Gamio

Abogado especializado en derechos humanos, Ronald Gamarra analiza a fondo la situación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, la actual legislación en este tema, la situación de las víctimas y el rol que el Estado debe asumir, a través de políticas públicas, para prevenir y condenar la violencia contra la infancia y defender a las víctimas.  

En comparación a los demás países de la región, ¿cuál es la situación del Perú en relación a la prohibición  del castigo físico y humillante contra los niños?

Estamos en la cola. Hay una serie de países, incluso de la región,  que en los últimos años están regulando de manera expresa la prohibición del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. Cada vez el número de países que prohíben expresamente en su legislación el castigo físico y humillante crece, sin embargo en el Perú no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan simple: reconocer el derecho inalienable de los niños, niñas y adolescentes a vivir sin violencia.

La actual legislación peruana permite el castigo moderado contra los niños, niñas y adolescentes, ¿qué impacto tendría en la prevención de la violencia contra la infancia una ley que prohíba expresamente el castigo físico y humillante?


Entre nosotros el uso de la fuerza física contra los niños está permitido socialmente. En el Perú se puede escuchar en muchos hogares, sin ningún inconveniente, que es natural aplicar cierto rigor físico contra los niños “para que aprendan”. Esto, evidentemente, no debe ser aceptado. La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe el castigo físico y humillante. Tenemos los informes tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son claros en sostener que debe prohibirse esta forma de castigo que se infringe a los niños, niñas y adolescentes.

¿Este es un problema social de las familias, o también del Estado?

El castigo físico y humillante no se produce sólo en los hogares, también se da en entidades bajo la tutela del Estado. Los niños que se encuentran en establecimientos dirigidos por el Estado, en sus diversas variantes, también sufren de la agresión física, ya que eso es entendido como algo natural, permitido, cuando no lo es. A pesar de nuestra legislación, en los hogares y en las entidades del Estado debería entenderse que la prohibición de la violencia contra los niños prima en los tratados internacionales y en nuestra la Constitución.

La aprobación de un nuevo Código del Niño y del Adolescente y una ley que prohíba específicamente el castigo físico y humillante se encuentran entrampadas en el Congreso desde hace algún tiempo. ¿Qué está sucediendo?
 
Lo que queremos es que se prohíba de manera legal y obligatoria el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. Que eso se haga a través de un Código o de una ley no dice mucho. Lo que queremos es que la norma sea aprobada y sea una realidad en el Perú. Lo que sucede es que la propuesta de un Código general para regular la situación de los niños, niñas y adolescentes es la que ganó consenso entre los congresistas y está puesta en la agenda para su debate en el Congreso. Sin embargo, es muy complicado que los congresistas se pongan de acuerdo sobre un Código de 200 ó 300 artículos en los que estaría o podría estar incluido un artículo sobre la prohibición del castigo físico y humillante. Una norma específica, con un artículo o dos o tres, sobre la prohibición del castigo físico y humillante sería mucho más fácil, entiendo yo,  de aprobar. Lamentablemente, los proyectos de ley específicos sobre este tema no han prosperado, y más bien lo que está puesto al debate es un Código que está entrampado y que tiene un debate que no termina.

En el dictamen en mayoría de la propuesta de nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente se conserva la figura del castigo moderado.

No se debe permitir ningún tipo de castigo, eso está prohibido en los tratados internacionales firmado por el Perú. Otra cosa es el ejercicio de la autoridad de los padres sobre los niños. No hay necesidad de golpear a los niños “para corregirlos”. La autoridad de los padres no supone el ejercicio de la violencia física contra los niños, sino un ejercicio de conversación, convencimiento, y otras formas de corrección sin violencia, a través de los cuales, los niños, niñas y adolescentes puedan comprender lo adecuado o inadecuado de cada conducta.

¿Quién define qué castigo es o no moderado, que es la figura permitida por las leyes peruanas?

El abrir la puerta a la aplicación de un nivel de corrección física, en verdad es abrir la puerta a toda forma de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes; nuestra realidad lo dice así. Somos un país en el que lamentablemente la idea del castigo físico contra los niños está muy presente.

¿Por qué existe una aceptación social en el país de la corrección a los niños usando la violencia?

Esa aceptación proviene de una herencia de larga data. Los abuelos lo hicieron, los padres lo hacen, y, lamentablemente, hoy esa idea se transmite de unos a otros. Socialmente el uso de la violencia es muy aceptado en los hogares, pero en la comunidad también. Se aceptan conceptos como que la letra con sangre entra, que para educar bien valen unos palmazos en el trasero, una jalada de orejas, de las patillas, unos golpes en el pecho, en la espalda. Pero todo eso está prohibido, absolutamente. Para corregir a una persona, a un niño, no hay necesidad del empleo de la fuerza física.

Hablando de las víctimas de esta violencia contra la infancia. ¿Está invisibilizada su situación?

Sí, claro. En el Perú el tema de los niños, en general, está invisibilizado. Temas como el maltrato físico, víctimas de trata de personas, de violencia sexual, entre otros, están invisibilizados. En general, la niñez en el Perú tiene cierto grado de invisibilidad.

¿Cuál sería la estrategia más eficaz para prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes?

Además de la ley, que es importante pero tampoco es determinante, está la escuela. Educar a los profesores sobre no usar la violencia para que a su vez transmitan esta idea a los padres de familia y a los estudiantes, a los niños, a través de campañas de sensibilización. El Estado debería aprovechar cada oportunidad de contacto con personas, ciudadanos, para expresar una y otra vez la idea básica de que está prohibido el castigo físico humillante y que esto causa daños irreparables en los niños y genera replicas de actitudes violentas en los comportamientos de
"Se requieren políticas públicas contra la violencia que afecta a la infancia, y allí hay una gran debilidad por parte del Estado peruano", afirmó Ronald Gamarra.
estos niños cuando sean adultos.

¿Cree que hay una política de Estado de prevención de la violencia contra la infancia?


No existe una política de prevención. Evidentemente, el Estado no genera ni provoca la violencia sobre los niños, pero no hay una labor de prevención de esta violencia respecto a la sociedad y respecto a los establecimientos públicos que el Estado organiza y gerencia. Evidentemente, allí hay una negligencia culpable, porque se sabe que en muchos lugares se ejerce violencia, pero el Poder Ejecutivo, como tal, no tiene una política pública para que sus funcionarios no ejerzan violencia. Se requieren políticas públicas contra la violencia que afecta a la infancia, y allí hay una gran debilidad por parte del Estado peruano. No hay políticas públicas en ese sentido, ni un sistema integral de protección para los niños, niñas y adolescentes. Hay normas, directrices, reglamentos, pero sistemas de protección como en otros países no existen.

Otro problema es la falta de información sobre violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Sólo hay estudios parciales sobre esta problemática

Exactamente, esa es una debilidad del Estado peruano que se da no sólo en el tema de los niños. No hay una cifra consolidada, no hay una data única, cada organismo del Estado tiene su propia información y entre ellos hay discrepancias. Una cosa es la información de la Policía, otra de la Fiscalía, una tercera la del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y una cuarta, también diversa, la del Poder Judicial. Se debería interconectar toda la información y tener una sola data para que se conozca una determinada realidad y así el Estado pueda intervenir, sino cada quien actúa a su manera y de forma diversa, porque la data es distinta entre cada organismo.

De la poca información que se tiene, ¿hay una tendencia al aumento o a la disminución de los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes?


Los casos de violencia aumentan, ese es el caso, por ejemplo, de la trata de persona, cuya información se recoge desde hace pocos años. Sin embargo, la tasa de denuncias es cada vez más creciente y el porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas crece considerablemente. Actualmente, según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el 56 por ciento de las víctimas de trata de personas son niños, niñas y adolescentes; las cifras eran menores en los informes precedentes. En el caso de violencia sexual, el 70 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes, y, particularmente, adolescentes entre los 13 y 17 años. Esa es la fracción de mayor riesgo en el Perú.

¿Cómo se encuentra la judicialización de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes?


En términos generales, son crímenes impunes. El anterior presidente del Poder Judicial, César San Martín, en referencia a la violencia sexual dijo que el 90 por ciento de los casos terminaban con absolución o archivo, es decir, 9 de cada 10 personas que son violadas no encuentran justicia. En el caso de trata de personas, otra vez tenemos cifras dispares, de 40 condenas y 40 absoluciones. En términos generales había solo 100 sentencias para casi 3 mil casos  de trata de personas. Si habría que decirlo en una sola palabra, sería impunidad. Lamentablemente, los jueces tienen muchos prejuicios y no tienen en consideración, al momento de juzgar, el enfoque de género que se requiere, ya que las víctimas son fundamentalmente mujeres, mujeres en condiciones de debilidad frente al agresor y a la sociedad en general. El interés superior del niño debe ser entendido por los jueces para resolver lo que sea más favorable para el niño, niña o adolescente.

La Defensoría del Pueblo habla también de una sobre exposición de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual cuando van a hacer la denuncia.

Exactamente, eso lamentablemente sucede. Normas para regular eso ya las hay, en este caso no se trata de un tema legislativo, no queremos más normas, lo que queremos es que los magistrados apliquen las normas que ya existen. Los niños deberían dar sus declaraciones en cámaras Gesell, por lo tanto, debería haber estas cámaras en cada una de las provincias del país, pero eso no sucede. Las niñas deberían tener un acompañamiento psicólogo, pero no lo tienen. Las víctimas deberían contar con un abogado para que las patrocine; si la familia de la niña no tiene recursos para contratarlo, debería ser puesto por el Ministerio de Justicia. En el Perú sucede una cosa de locos, el agresor sexual sí cuenta con abogado, ya que si no puede pagarlo el Ministerio de Justicia le pone un abogado de oficio en forma obligatoria. Pero la victima que no tiene abogado se fregó simplemente, porque abogados de oficio para víctimas se han creado recién el año pasado y me parece que hay 150 para todo el Perú, para todas las victimas y para todos los delitos, y eso que estamos hablando de cerca de 19 mil 500 violaciones al año a nivel nacional. Allí hay una gran debilidad del Estado peruano frente a los compromisos que ha asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en temas de niños, niñas y adolescentes. El Perú asume compromisos pero éstos no se cumplen.

El año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer las tasas de feminicidio y el Perú salió en segundo lugar


Lamentablemente, tenemos todas las taras. Todos los crímenes que afectan a mujeres y particularmente a niñas y adolescentes están presentes, lamentablemente, en nuestra realidad. Ahí si batimos récords, lamentables récords.

¿Cree que también la violencia contra la pareja incide en la violencia contra los niños, niñas y adolescentes?

Sí, porque la violencia entre la pareja es también una agresión contra los niños. Los niños están viendo cómo el padre agrede a la madre o cómo la madre agrede al padre, lo que afecta el crecimiento y el estado del niño, y con el peligro de que un niño criado en esas condiciones pueda de adulto repetir esa conducta violenta.

¿Cuándo se habla de violencia contra la infancia se suele hablar de la violencia física, pero no de violencia psicológica? ¿Cómo se maneja este tema?

 No se maneja. No quiero pintar un cuadro caótico, absolutamente perverso del Estado peruano, pero, en general, diría que se habla mucho del tema de los niños pero en el accionar concreto siempre hay muchísimas deficiencias. Evidentemente, encontraremos algunas acciones, algunos programas, pero no hay políticas públicas.
Ronald Gamarra insistió en que "abrir la puerta a la aplicación de un nivel de corrección física, en verdad es abrir la puerta a toda forma de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes".

En el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia se impulsa la priorización de la atención a la primera infancia. Lamentablemente, muchas veces la coyuntura política hace que se prioricen otros temas en la agenda pública. ¿Cómo cambiar eso?


Es difícil. En el Perú, lamentablemente, nuestros políticos viven el día a día, no tenemos gente que piense en políticas públicas sostenidas, permanentes. Para eso se requieren, justamente, políticas públicas para no estar discutiendo la coyuntura, el momento, el escándalo del día. Creo que deberíamos escoger mejor quiénes deben decidir los destinos del país. No escoger al “chamullero”, al que habla mejor, habla bonito, al que “florea”, sino a alguien con información, que plantee los temas centrales del Perú y que combata, por ejemplo, la corrupción del día a día, que esté preocupado por la suerte de la fuga de Martín Belaunde pero que a su vez le preocupe el incremento de la anemia en los niños. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestros, de cara al Bicentenario de la Independencia, con niveles de crecimiento sostenido durante largo tiempo, tenga altos niveles de anemia en los niños de más corta edad y que ésta vaya en aumento?



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