“Se tiene que desterrar la idea de que la violencia es normal en la educación de los niños”

Entrevista: Carlos Noriega

En diciembre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó una encuesta a nivel nacional para medir la opinión de los peruanos en materia de derechos humanos (ver Blog Inversión en la Infancia 117), que incluyó una serie de temas vinculados a los derechos de la infancia. En la siguiente entrevista, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la justicia, José Ávila, analiza estos resultados y explica lo que desde el Ministerio de Justicia se hará en 2014 en materia de promoción y defensa de los derechos humanos.  

Según una encuesta a nivel nacional sobre derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, casi un tercio de la población, el 28 por ciento, justifica que los niños sean golpeados como un método de corrección. ¿Qué reflexión le produce este preocupante resultado que revela que prácticamente una de cada tres personas justifica el maltrato infantil, y qué hacer para cambiar esa conducta?

Este resultado nos genera dos reflexiones muy importantes. Una es el reto que esto significa: ese 28 por ciento tenemos que desterrarlo, para eso tenemos que trabajar mucho, sobre todo en el tema de la cultura, porque la violencia está instalada en mucha gente y se expresa de diferentes formas, en este caso en ese 28 por ciento que considera que es normal que como parte de la educación se tenga que agredir a los hijos, a los niños. Eso se tiene que desterrar de la cultura de los papás, de las mamás, para eso debemos trabajar en el nivel cultural. Hay que trabajar mucho a nivel de la comunidad, con los colegios, para erradicar esa violencia contra los niños. La segunda reflexión es que cuando uno piensa sobre las causas de por qué en un país se tortura, ese 28 por ciento es un germen peligroso, porque esos niños que fueron agredidos, golpeados, van creciendo con esa idea y replican esa violencia. Entonces, la tortura en sus diferentes expresiones se convierte en un círculo vicioso. 

Un 93 por ciento de los encuestados se expresa a favor de que los adolescentes reciban educación sexual y orientación en el uso de métodos anticonceptivos. Por un lado están estos resultados y por otro lado tenemos que en el Congreso hay una propuesta de nuevo Código del Niño y del Adolescente que limita el derecho de los adolescentes a recibir orientación y educación sexual. ¿Cómo ve el Ministerio de Justicia este retroceso en los derechos de los adolescentes que se podría dar si prospera esta propuesta planteada en el Congreso?

Nosotros creemos que el tema de la orientación y la enseñanza en materia de educación sexual debe ser una línea de trabajo del Estado para empoderar de conocimientos a los jóvenes para que tengan un ejercicio responsable y libre de su sexualidad, ese es el ideal. A los jóvenes hay que darles un marco de libertad, pero también un marco de educación en materia de sexualidad; estamos seguros que en la medida que se les dé educación y orientación sexual vamos a generar jóvenes responsables. Sobre esto hay que generar un debate, que sea un debate con evidencias empíricas. Elementos como esta encuesta, que refleja la opinión ciudadana de que a los jóvenes se les debe dar educación y orientación sexual, deben ser llevados a ese debate. Hay un plan nacional de prevención del embarazo adolescente y es en esa instancia técnica donde se tendrá que generar ese tipo de decisiones para convertirlas en políticas públicas, y el legislador tendrá que ser muy sensato y muy prudente para recoger estas políticas de orientación y educación sexual para los adolescentes, que ya se están implementando en este gobierno.

En este estudio, una significativa mayoría de la población, más del 60 por ciento, se pronuncia a favor del aborto en el caso de que la salud de la mujer esté en riesgo por causa del embarazo. En el Perú hace 90 años está legalizado el aborto terapéutico, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha dado un protocolo para implementarlo, por lo que no se puede aplicar. ¿Qué está pasando con este tema?

Con relación a ese tema la posición del Estado es clara: el aborto terapéutico no puede ser punible. Ese artículo del Código Penal hay que llevarlo a las instancias técnicas para que se generen los protocolos y los documentos necesarios que vayan en la línea de lo que establece la voluntad del legislador cuando aprobó el Código Penal…

¿Por qué el gobierno no dicta un protocolo para aplicar la ley que permite el aborto terapéutico?

Es el Ministerio de Salud la entidad técnica responsable que tendría que diseñar, aprobar y aplicar esto.

Otros resultados de esta encuesta revelan que un importante sector de la población justifica que se violen los derechos humanos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, más de un 40 por ciento ve los derechos humanos como un obstáculo en la lucha contra la delincuencia, un 61 por ciento dice que las personas que violan a un niño, lo que, ciertamente, es un delito gravísimo, no merecen tener ningún derecho humano. ¿Cómo cambiar esta forma de pensar?

Hay, efectivamente, un importante sector de la población que justifica que se viole los derechos fundamentales de las personas que cometen un delito. El sistema punitivo que hay en la sociedad y que está instalado en la conciencia también justifica que a delincuentes que cometen un delito se los torture, justifica la pena de muerte. Una experiencia muy importante para cambiar esta forma de pensar es la de los ingleses, que trabajan mucho lo que ellos denominan educación pública de la cárcel, es decir, muestran los aspectos positivos de la cárcel para hacer entender a los ciudadanos que estas personas que cometen un delito mientras estén en la cárcel se le puede sacar una utilidad a la condena haciéndolos trabajar, estudiar, entonces los ciudadanos toman conciencia de que esas personas que cometen un delito no deben ser maltratadas ni estigmatizadas, sino que debe ser reincorporadas a la sociedad. Eso se logra con estos programas que consisten en mostrar a la ciudadanía que la cárcel es un elemento que sí puede generar la transformación de muchas personas. Si eso se contrasta con lo que pasa en el Perú, donde muchos medios de comunicación social solamente muestran las cosas negativas de la cárcel, entonces eso ayuda a configurar en la conciencia de los ciudadanos de que esas personas que cometen delitos y que están en las cárceles no se merecen ninguna oportunidad y que si es posible mejor que se queden ahí, porque si ves en una cárcel hacinamiento, desorden, abusos, entonces la gente tiene la idea de que esas personas no van a cambiar y aprueban que se violen sus derechos. Uno de los grandes retos que tenemos, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, es cambiar el chip, la conciencia de las personas, no solo en el sentido de que tenemos que respetar los derechos fundamentales de todos, sino de que también tenemos que erradicar ese modelo de sistema punitivo que existe en la sociedad.

Este estudio de opinión pública también muestra que falta una mayor acción del Estado en campañas para evitar la violencia contra los niños, para educar en el respeto a de los derechos humanos, en general. Un 86 por ciento de los encuestados demanda que el Estado invierta más en difusión y defensa de los derechos humanos, y un 95 por ciento opina que la importancia y la defensa de los derechos humanos debe enseñarse desde el nivel de primaria en el  colegio -lo que ahora no ocurre- que es el momento en el que se puede empezar a cambiar esa conducta que justifica, por ejemplo, la violencia contra los niños.

Esas dos preguntas de esta encuesta son muy importantes, porque la enseñanza, la capacitación, el empoderamiento a los niños, a los ciudadanos, en materia de derechos humanos, se convierte en una gran demanda democrática. Que un 86 por ciento diga que el Estado tenga que invertir más en educación y derechos humanos, me genera la reflexión de que hay una demanda ciudadana mayoritaria para que se invierta más en la educación y en este componente de derechos humanos...

¿Y qué se va a hacer desde el Estado frente a esta demanda ciudadana por una mayor acción para promover una educación que promueva la importancia de los derechos humanos y su defensa?

El haber realizado esta encuesta va en paralelo a una herramienta que va a ser muy importante: el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes. Estamos convencidos que este va a ser el gran elemento transformador de los resultados obtenidos en esta encuesta. Esta es una herramienta que ya estamos construyendo, estamos en la etapa de hacer un diagnóstico de cuál es el estado de situación de la enseñanza de los derechos y los deberes en el país, y a partir de ese diagnóstico es que vamos a construir un plan sobre la enseñanza de los derechos y deberes. Esta va a ser una herramienta muy importante, la que, prácticamente, cruza muchos de los resultados que arroja esta encuesta.

No solamente hay falta de una mayor difusión por parte del Estado para promover la importancia de los derechos humanos, sino también políticas del Estado que violan estos derechos. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia para que el Estado tenga una conducta de respeto a los derechos humanos en sus políticas?

Los resultados de esta encuesta nos generan tres sentimientos: hay preocupaciones, retos y responsabilidades. Los resultados de esta encuesta están generando un debate dentro del Ministerio de Justicia en cuanto a la importante necesidad de trabajar a partir de 2014 con todos los ministerios, con los organismos del Estado, sobre las reflexiones que nos deja esta encuesta, para asumir la importante responsabilidad de que las políticas públicas tengan un enfoque de derechos humanos, lo que nos hará una sociedad verdaderamente justa. Eso va a generar una responsabilidad de nuestra parte de acercarnos a todos los ministerios, pero no para hurgar, para entrometernos en sus políticas sectoriales, sino para buscar un acercamiento cordial, respetuoso, generar un diálogo dentro del Estado, para decir: ‘mira, ministerio, estas políticas que estás implementando no tienen el enfoque de derechos humanos, y mira, la encuesta lo reveló así, por lo que te recomendamos que hagas un giro de esta política y puedas permitir que tenga el enfoque de derechos humanos para que esa política pública logre su propósito’. Ese es el gran trabajo que tenemos como el ente rector en derechos fundamentales: dialogar  con los 18 ministerios y con otras entidades del Estado y revisar sus políticas para contribuir a que éstas tengan un enfoque de derechos humanos.

¿En el año 2014 habrá relanzamiento del tema de derechos humanos en el Ministerio de Justicia?

Relanzamiento, ese es el término preciso. Vamos a relanzar el trabajo de la política de derechos humanos, pero con una nueva mirada: vamos a tratar de desmontar esa carga negativa que tienen los derechos humanos y que refleja la encuesta, de que derechos humanos es protección a delincuentes. Lo que nosotros queremos es llenar los derechos humanos de un contenido para hacerle entender a todos los ciudadanos y ciudadanas que los derechos humanos son un conjunto de condiciones que ayudan a mejorar la vida de todas las personas.

¿Cuáles son los principales retos pendientes en materia de derechos de la infancia?

Hay retos muy importantes, como la necesidad de instalar un espacio, una plataforma, donde los niños y los adolescentes puedan tener la oportunidad de deliberar, expresar a las autoridades del Estado sus opiniones en lo que atañe a sus intereses y anhelos. Ahora no hay ese espacio, que tiene que estar conformado por niños y niñas, ellos tienen la capacidad de opinar. Crear ese espacio es un reto. Otro reto es cubrir el 100 por ciento el reconocimiento al derecho a la identidad de los niños. Ese es un tema que queremos trabajar en el 2014 con la RENIEC, con los organismos de derechos humanos, para buscar una estrategia que permita garantizar el derecho a la identidad de todos los niños. Así como esos ejemplos, hay varios retos, responsabilidades, y queremos buscar las fórmulas de cómo concretarlos.