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Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño

Niños podrán presentar denuncias ante la ONU por vulneración a sus derechos

A partir de abril de este año, niños, niñas y adolescentes podrán presentar denuncias por vulneración a sus derechos ante el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este mecanismo de denuncia se pondrá en marcha cuando en esa fecha entre en vigor el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño.

Este Protocolo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2011, ha sido firmado por 37 países, entre ellos el Perú, y ratificado por diez países. El Perú todavía no ratifica este Protocolo. El 14 de enero lo firmó Costa Rica, con lo cual se llegó al número de diez países que han ratificado este Protocolo, cantidad mínima necesaria para su entrada en vigencia. Los otros nueve países que lo han ratificado son: Albania, Alemania, Bolivia, Gabón, Eslovaquia, España, Montenegro, Portugal y Tailandia.  

El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño no solamente permite a los niños denunciar, sino que protege expresamente su derecho a buscar reparación por la violación a sus derechos. Además, garantiza los cauces para presentar denuncias, ya sea a título individual o de forma colectiva.

El Comité de los Derechos del Niño podrá tomar medidas para proteger a los niños que presenten denuncias contra cualquier posible represalia, solicitando al Estado del país en el cual vive el niño que adopte medidas provisionales para protegerlo. En el caso de que se llegue a la conclusión de que el Estado ha violado la Convención sobre los Derechos del Niño, éste estará obligado a aplicar las recomendaciones que, sobre este caso, haya realizado el Comité.

Esta normativa complementa el Primer Protocolo Facultativo, que prohíbe la participación, utilización y reclutamiento de niños menores de 18 años en los conflictos armados; y el Segundo Protocolo Facultativo, que exige la penalización de los temas relativos a la venta de niños, la explotación sexual y la pornografía infantil, y protege a los niños menores de 18 años de estas violaciones severas a sus derechos.


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