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COLUMNA DE OPINIÓN
La pandemia del COVID-19 continua su avance global, y el Perú demanda nuestro mayor compromiso, responsabilidad y solidaridad. Desde Inversión por la Infancia, expresamos nuestra disposición a seguir contribuyendo con nuestras experiencias y conocimiento al fortalecimiento de una lucha que nos convoca a tod@s.
Las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Nacional son necesarias – incluso, sería entendible que éstas se prolonguen luego de las evaluaciones correspondientes -. Sin embargo, como advirtió el Ministro de Salud, viene una etapa muy retadora que demanda, como ya se ha anunciado, la mejora urgente de la capacidad diagnóstica y una respuesta adecuada- en acceso, oportunidad y calidad – del Sistema de Salud. El Gobierno ha anunciado una serie de medidas para asegurar la cadena de identificación, diagnóstico y procesamiento de los casos según su condición (además de identificación de sus contactos y aislamiento de los enfermos). Queda esperar el éxito de dichas acciones y de la acción articulada de las distintas instancias responsables. El Ministro de Salud también ha expresado su preocupación por “cuidar a l@s cuidador@s”, un aspecto fundamental e impostergable para sostener la capacidad de respuesta frente a este “reto colosal”, como lo ha definido. Todas las estrategias orientadas a preservar y cuidar de la salud mental de los trabajadores de la salud, aumentar su protección, impulsar facilidades de desplazamiento y aliviar carga de trabajo deben ser analizadas, según prioridad y factibilidad. Y dentro de este espectro de cuidado se debe también incluir a quienes hacen funcionar la parte de gestión de los establecimientos de salud, a las agentes comunitarias de salud y otr@s líderes sociales que están apoyando las acciones de salud en el nivel local. La presencia del coronavirus nos demanda implementar un enfoque de salud pública. En el "Año de la Universalización de la Salud" debemos entenderla en su sentido integral. La presencia del coronavirus, hace que las desigualdades pre-existentes en los determinantes sociales de la salud se acentúen todavía más. El domingo 22 se celebró a nivel mundial el “Día del Agua”. Como peruan@s, no podemos seguir invisibilizando la injusticia que representa la falta de acceso a agua segura y a condiciones dignas de saneamiento en nuestras escuelas, establecimientos de salud y poblaciones con mayor riesgo a enfermar: más de 7 millones de peruan@s no tienen acceso a agua potable. El Ministerio de Salud está comandando la respuesta vinculada al diagnóstico y la atención. Le corresponde al Gobierno tomar acción decidida para que muchas poblaciones en el Perú puedan contar con abastecimiento gratuito de agua - en volumen y frecuencia suficiente - y jabón, para asegurar el lavado de manos en el hogar. Reconociendo que no se puede mejorar la infraestructura de la noche a la mañana, l@s escolares no debieran volver a estudiar en locales que no tienen acceso a agua (5 de cada diez escuelas no lo tienen), a menos que los “kits de aseo” que se vayan a instalar garanticen esta disponibilidad de manera suficiente. Y habría que ver la disponibilidad de agua y servicios básicos en institutos y universidades – no solamente públicas-, especialmente por la manera en la que dichos grupos de edad pueden rápidamente contagiarse y convertirse en portador@s del virus en el hogar. De manera semejante, el abastecimiento de agua potable debe contar con los recursos adicionales necesarios para que llegue a los hogares que lo requieren, algunos de los cuales sufren de costos de compra de este vital elemento. En este "Año de la Universalización de la Salud", el enfoque de salud pública nos llama a una urgente reflexión: si no atacamos de manera decidida las condiciones indignas en las que viven muchos de nuestros compatriotas, nuestra sociedad siempre será vulnerable. L@s peruan@s vamos a salir de esta situación. Pero tenemos que salir TOD@S. Junt@s. Dr. Ariel Frisancho, director nacional de la Misión Médica Católica del Perú (CMMB). La inseguridad alimentaria es la falta de acceso, disponibilidad y consumo de los alimentos esenciales en la dieta diaria, ello es particularmente importante en la primera infancia, cuando sabemos se están desarrollando sus potenciales físicos y cognitivos. El garantizar la seguridad alimentaria de esta constituye un derecho de la infancia y una obligación de estado.
El riesgo a la inseguridad alimentaria de la infancia es alto en muchas regiones de nuestro país, donde esta vive en áreas de pobreza urbana y rurales andinas y amazónicas, ellos dependen de los magros ingresos y una precaria disponibilidad de alimentos de sus familias. Encuestas sucesivas sobre el consumo de alimentos en menores de tres años, como la Encuesta de Consumo alimentario del INS del 2019 han mostrado que un 28.7% de los menores de tres años presentan déficit de sus requerimientos calóricos y un 73.9% en la ingesta de hierro. Ya antes en el 2015, el mapa de inseguridad alimentaria del MINDES del 2015 habían mostrado una alta o muy alta vulnerabilidad a la inseguridad que afecta a un 17% de nuestra población ubicada en 593 municipios andinos, 118 amazónicos y 23 costeños, siendo estos 54% rurales. Otro riesgo de inseguridad alimentaria son las emergencias, en estas se merman los ingresos de familiares y limita el abastecimiento en el mercado. La alimentación de cada familia se reduce a la olla común, donde los más pequeños carecen de su alimento más aparente como las papillas, dependiendo estas de los escasos alimentos disponibles. Respecto a ambos riesgos alimentarios la respuesta gubernamental ha sido muy débil. El programa Kaliwarma fue concentrado en la población escolar y algunos niños mayores de tres años beneficiado cuando reciben educación inicial, mas no así en la población de menores de tres años que están en sus hogares cargo de sus madres o cuidadores, quienes solo reciben educación nutricional sin considerar sus reducidas disponibilidades familiares de alimentos. Para las emergencias, lamentamos que los seres humanos seamos la única especie que se tropieza dos veces con la misma piedra. Como país hemos experimentado hasta dos emergencias que pusieron en riesgo nutricional a nuestra infancia, sin embargo otra vez no disponemos del alimento que estos niños pequeños requieren, vale decir una papilla precocida y reconstituible con agua que contenga todos sus requerimientos nutricionales. El terremoto de Ica del 2017 y el fenómeno del Niño en Piura del 2018, demostraron que no bastaba con suministrar víveres básicos a las familias de damnificados, pues la dieta familiar de emergencia presentaba una gran dilución familiar y carecía de micronutrientes representando ello un riesgo nutricional manifiesto para los más pequeños. Como consecuencia la primera infancia quedó expuesta a la desnutrición aguda y se puso en riesgo los avances realizados por combatir la desnutrición crónica y anemia. En ambos casos se decidió dotar a cada familia de una papilla en polvo para la primera infancia, fácil de reconstituir con agua hervida fría, considerando que la misma ya existía anteriormente pero había sido suspendida desde el año 2012, fue necesario volver a producirla aceleradamente y así superar estas emergencias. El monitoreo nutricional de ambas experiencias demostró que la intervención logró impedir la desnutrición aguda y reducir además los indicadores de la desnutrición crónica y anemia infantil. Consideramos que en momento actual no bastará con educar a nuestras madres en como improvisar papillas con lo disponible, gobierno y sociedad deberán dotar a la brevedad una papilla para la primera infancia que debe incluirse en las canastas alimentarias que se distribuyen entre la población más vulnerable de cada municipio. La misma será muy útil en los próximos meses de cuarentena y aislamiento obligatorios así como en futuras emergencias. Nuestras autoridades y ciudadanía tienen ahora la palabra, requerimos urgente de decisiones inmediatas para evitar el deterioro nutricional de nuestra primera infancia… Dr. Óscar Liendo, médico pediatra, especialista en temas de primera infancia. 
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