El gobierno del presidente Humala ha asumido un compromiso con el país en materia de inclusión social, entendida como el logro de una situación en la que todas las personas, en todo el territorio nacional, ejerzan sus derechos, accedan a servicios públicos de calidad y estén en capacidad de aprovechar las oportunidades que permite el crecimiento económico, sin limitaciones de ninguna naturaleza para garantizar su participación en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Como orientación general, por lo tanto, la inclusión social exige de la construcción de un marco de políticas públicas dirigidas a cambiar las limitaciones, la precariedad y vulnerabilidad en las que se realiza la vida cotidiana y la actividad económica de vastos sectores de nuestra población, que reproducen secularmente, en ellos y en sus hijos e hijas, las condiciones de exclusión. Se trata, entonces, de políticas que deben garantizar el ejercicio de derechos universales.

Lograr que el crecimiento se convierta en mejora sostenible de la calidad de vida de millones de peruanos y peruanas, tanto en acceso a servicios en todo el territorio nacional, cuanto en oportunidades para mejorar los ingresos que genera su actividad económica, es el ineludible desafío planteado. Responderlo efectivamente exige actuar sobre las condiciones que traban el desarrollo y mantienen a importantes sectores de la población en condiciones de pobreza, pero exige también entender que es el territorio el foco de las intervenciones en desarrollo, territorio en el que actúan los tres niveles de gobierno que tenemos, cada uno de ellos desde sus respectivas competencias y funciones. De eso se trata la acción del Estado en un país que se define y se pretende como unitario y descentralizado.

En este contexto, el rol de los gobiernos subnacionales en materia de inversión social y desarrollo de la infancia, está establecido con relativa claridad en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como en la Ley Orgánica de Municipalidades. En el caso de la primera, el artículo 60 establece las funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades. No obstante ello, es evidente que una de las tantas tareas pendientes de la descentralización peruana es la de la concertación y la coordinación intergubernamental, así como la definición clara de las rectorías tanto del gobierno nacional, como de los gobiernos regionales. Como es obvio, se trata de un límite que puede afectar la inversión social y la atención y desarrollo de la infancia.

Adicionalmente, hay que señalar que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que es el que aprueba la viabilidad de los proyectos públicos, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorarlo, sigue marcado por un enfoque general fuertemente orientado a la infraestructura antes que al desarrollo, no contemplando adecuadamente las formas de capital social, natural y humano. Con lo que inevitablemente hay un nuevo escollo que es necesario resolver.

Así, en materia de atención y desarrollo de la infancia, el gobierno nacional dio un paso inicial importante con la firma por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales que agrupa a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y los 11 ministerios que gestionan temas sociales, del Compromiso Nacional para la Articulación de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. La suscripción del mismo meses después por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales constituyó un segundo paso que debe ser complementado con su firma por las asociaciones de municipalidades.

Sin embargo, si queremos que esos pasos se consoliden y permitan una intervención efectiva del Estado en la perspectiva del desarrollo de la infancia, y más ampliamente de la inclusión social, es claro que debemos preocuparnos también, y con la urgencia del caso, de todos aquellos aspectos y procedimientos de la gestión pública que pueden dificultar en el tiempo el éxito del compromiso. Lo que debemos entender todos es que en este esfuerzo, la coordinación y la concertación intergubernamental es una condición de éxito.



Eduardo Ballón, secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales al momento de escribirse este artículo.