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OPINION
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Los programas sociales y la infancia: Avances y retos

Por: Carlos E. Aramburú

Invertir en la infancia se ha convertido en un consenso internacional. Ello no solo porque la inversión social en los niños es la de mayor potencial para el desarrollo humano, sino sobre todo porque los niños tienen derechos que deben ser reconocidos y asegurados por sus padres y por la sociedad en su conjunto.

En el Perú habitan 2,725,353 menores de 5 años (1), y cerca del 40% de ellos padecen pobreza. Una paradoja de las sociedades menos desarrolladas, es que los pobres tienen más hijos que los menos pobres. En efecto, entre las mujeres de 40 a 49 años que pertenecen al 20% más pobre, el promedio de hijos vivos es 6.1. Por el contrario, entre las mujeres de la misma edad que corresponden al 20% de mayores ingresos, el promedio es de solo 2.5 hijos por mujer (2). En consecuencia, en los hogares pobres la mayoría son niños y niñas.

El gobierno ha fijado como una de sus metas sociales principales, la reducción de la desnutrición crónica infantil (DCI) en 9 puntos porcentuales para 2011. La información disponible señala que la tasa nacional de DCI en menores de 5 años es del 24.5%. Sin embargo, este promedio esconde profundas desigualdades: entre los menores rurales la DCI llega al 39% y entre los hijos de madres analfabetas es del 54.5% (3). Paradójicamente, estos datos, que deberían constituir la línea de base de programas oficiales como el Programa Integral de Nutrición (que surge de la fusión de 6 programas alimentarios previos), no son consignados en los documentos oficiales.

¿Cuáles han sido los avances y los retos que persisten en la lucha contra la DCI? En primer lugar, debe reconocerse y resaltarse la prioridad que le otorga al tema el Programa JUNTOS, el de mayor cobertura nacional. Las evaluaciones independientes de este Programa, que cumplió 4 años de iniciado en el distrito de Chuschi, Ayacucho, indican que se ha logrado incrementar el consumo proteico de los menores de los hogares participantes, así como el acceso a servicios de salud preventiva (vacunación, desparasitación, CRED, y consumo de papilla fortificada) (4).

Sin embargo, no se encuentra aun evidencia significativa en el aumento de peso y talla de los menores que participan en el Programa. Ello puede deberse a que los impactos nutricionales en menores que ya tienen niveles de DCI toman más tiempo para revertirse (unos 3 a 5 años, y la recuperación de talla se da solo después de los 3 años de edad de acuerdo a PRISMA) (5). Sin embargo, lo central es que la DCI depende no solo de la cantidad y calidad de la ingesta alimentaria, sino de muchos otros factores asociados con la crianza (por ejemplo los hábitos de higiene, especialmente el lavado de manos con jabón, la lactancia materna exclusiva, etc.) y las condiciones de saneamiento en el hogar (tales como no tener piso de tierra ni criar animales dentro de la vivienda).

Uno de los problemas principales de los programas oficiales de lucha contra la DCI ha sido el énfasis casi exclusivo en las intervenciones alimentarias descuidando los aspectos relacionados a los hábitos de crianza, al cuidado infantil y a las condiciones de salubridad de la vivienda. Revertir este enfoque parcial supone un cambio cultural en las madres y cuidadoras, así como acceso al saneamiento y a una vivienda adecuada.

Aunque programas como JUNTOS hacen énfasis en la capacitación de las madres en estos aspectos, es claro que resolver la multidimensionalidad de los factores que afectan la salud infantil y la DCI supone un esfuerzo articulado y sostenido de varios de los programas públicos que operan en las zonas rurales de mayor pobreza.

Ese es el reto que la estrategia CRECER debe afrontar cambiando la cultura sectorialista y fragmentada de los programas sociales y orientando sus intervenciones no solo a medidas protectoras, sino también habilitadoras y de desarrollo de capacidades. Convocar a las instituciones de la sociedad civil, a las iglesias, a la academia y a las propias madres organizadas, para que cada una aporte con lo que sabe y puede, es por tanto indispensable si le queremos ganar la partida a la desnutrición infantil.

(1) INEI; Perfil Sociodemográfico del Perú, Julio 2008.

(2) INEI; Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Pag. 47, cuadro 4.3. Lima 2006.

(3) UNICEF; Estado Mundial de la Infancia. 2005.

(4)Ver; Vakis, Reno y E. Perova; Welfare impacts of the JUNTOS Program in Perú. Banco Mundial, Marzo 2009; Díaz, Ramón et. al. Análisis de la implementación del Programa JUNTOS en Apurímac, Huancavelica y Huánuco. CIES-CARE-IEP. Lima febrero 2009 entre otros.

(5) Gilman, Josephine; Experiencia de un Programa de Nutrición en el Perú. PRISMA, Lima 3003.


Carlos E. Aramburú, licenciado en Antropología Social y especialista en Desarrollo Rural. Maestría en Demografía.Ex-Director Ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Autor y coautor de diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras.


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