Estudio sobre el manejo de los programas sociales y la prevención de la corrupción

Con el propósito de contribuir con el correcto funcionamiento de los programas sociales y, en especial, del programa Juntos, la Defensoría del Pueblo ha realizado el informe “Aportes de la Defensoría del Pueblo a la promoción de la Ética Pública en los Programas Sociales del Estado”, una investigación que presenta un mapa de riesgos para reducir las posibilidades de actos de corrupción y otras faltas éticas en los programas sociales.
 
“Los programas sociales son iniciativas fundamentales para la lucha contra la pobreza y la exclusión y así permitir el ejercicio de los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, en la investigación que hemos hecho en la Defensoría del Pueblo recibimos, en el período 2009 – 2010, un total de 432 quejas por faltas éticas contra los programas sociales que son analizadas en este informe  De ellas, 219 fueron declaradas fundadas, es decir, que se verificó vulneraciones de derechos causados por una irregular actuación de la administración estatal. Las 219 quejas fundadas llevan a concluir que es necesario afinar ciertos detalles para mejorar la implementación de los programas sociales en el Perú”, señaló Francisco Macedo Bravo, comisionado coordinador del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, en declaraciones al Blog de Noticias Inversión en la Infancia.

Esta investigación llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo reafirma la trascendencia de los programas sociales para enfrentar a la pobreza y la exclusión. “Es tarea de la administración estatal –dice Macedo- asegurar que no se incurra en faltas éticas en la ejecución de los programas sociales. Evitando las faltas contra la ética pública será posible que los programas sociales se aproximen más a la plena realización de sus importantes funciones”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda fortalecer la capacidad operativa del Sistema Nacional de Control para que pueda incrementar su vigilancia sobre los procesos identificados como vulnerables en los programas sociales. Para los diez programas sociales analizados plantea incrementar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, como la creación de sitios web autónomos —que ahora sólo tienen el programa Juntos y el Sistema Integral de Salud—, y la implementación de sistemas de quejas y denuncias contra la corrupción y las faltas contra la ética en los programas sociales.

Sobre el programa Juntos este estudio sugiere garantizar la presencia de representantes de los Comités Locales de Supervisión y Transparencia en los procesos identificados como riesgosos e incrementar la supervisión que realiza este programa sobre la ejecución de actividades por personal de los Ministerios de Salud y Educación.

Por otro lado, el estudio señala la importancia de la sociedad civil en la vigilancia y supervisión del cumplimiento de los programas sociales. “La ciudadanía cumple un rol fundamental en la promoción de la ética pública y la prevención y lucha contra la corrupción. El Estado no puede acometer tales tareas sin el concurso de la ciudadanía, por ello en los esfuerzos por mantener a los programas sociales libres de corrupción y por fomentar la ética en su ejecución es fundamental el ejercicio de la vigilancia ciudadana. Esa vigilancia ciudadana resulta vital para contribuir a alcanzar los objetivos de los programas sociales”, aseguró Francisco Macedo.