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ENTREVISTA
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Jorge Urquía, alcalde de Celendín y vicepresidente de REMURPE

“Reducción de presupuesto para gobiernos locales puede originar una convulsión social”

"Se acusa de ineficiencia en el gasto a las municipalidades, pero hay prácticas malosas del gobierno central que llevan a esa acusación", sostiene Jorge Urquía.
Entrevista: Carlos Noriega

Alcalde de la provincia de Celendín, en Cajamarca, desde enero de este año, Jorge Urquía es también vicepresidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE). En esta entrevista, expresa el descontento de REMURPE con la propuesta de Presupuesto de la República presentada por el Ejecutivo al Congreso por la reducción presupuestal para los gobiernos locales. Pide que el Congreso cambie en este punto el Presupuesto. También habla sobre las municipalidades y la inversión social y para la infancia.
 
REMURPE ha criticado el Presupuesto de la República presentado por el Ejecutivo al Congreso por considerarlo centralista. Cuestionan que el 75 por ciento del presupuesto se concentre en el gobierno central, mientras el otro 25 por ciento se reparte entre los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Qué alternativa plantean a la propuesta de Presupuesto hecha por el Ejecutivo para su debate y aprobación por el Congreso?

Lo que nosotros estamos cuestionando, básicamente, es que hay una recentralización del Presupuesto.  Eso debe cambiarse. De ese 25 por ciento del total del Presupuesto destinado a los gobiernos regionales y locales, las municipalidades recibiremos solamente un 10 por ciento, y los gobiernos regionales el 15 por ciento. Ese 10 por ciento del Presupuesto debe repartirse entre 1,842 municipalidades. El Presupuesto para el año 2016 aumentará en unos 8 mil millones de soles respecto al de este año, pero las municipalidades vamos a recibir mil millones de soles menos que en el año 2015. Esos mil millones de soles que nos recortan irán al gobierno central, que aumenta su presupuesto pero nos disminuyen el nuestro. Y este año el Congreso ha creado diez municipalidades más, de tal manera que vamos a dividir menos dinero entre más municipalidades. 

¿Cómo se ha expresado esa recentralización presupuestal en los últimos años?

El año 2009, del Presupuesto de la República el gobierno central recibía el 65 por ciento y los gobiernos regionales y locales recibíamos el 35 por ciento. En estos años, la participación en el Presupuesto del gobierno central ha subido al 75 por ciento y la de los gobiernos regionales y locales ha bajado al 25 por ciento. Hay un claro proceso de recentralización presupuestal. Estamos pidiendo volver a la situación del año 2009, cuando los gobiernos regionales y locales recibíamos el 35 por ciento del Presupuesto de la República. 

¿Qué impacto tendrá en las municipalidades el recorte presupuestal que sufrirán y esta recentralización del Presupuesto de la República?

Tenemos cerca de 300 municipalidades que reciben aproximadamente 8 Unidades Impositivas Tributarias del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), o sea 30 mil soles mensuales. Dígame, ¿cómo pueden hacer obras y cómo pueden invertir en su territorio con esa cantidad de dinero? Eso es imposible. La gente dice: se debe hacer gestión, necesitamos un alcalde de gestión. Entonces, los alcaldes vienen a Lima y nos piden expedientes técnicos, y un expediente técnico de una obra de 5 millones de soles nos debe costar 150 mil soles. ¡De dónde saca un alcalde para poder invertir eso! Una reducción de nuestro presupuesto nos va a afectar enormemente. Este año ya me han recortado el presupuesto para tres proyectos que ya teníamos planeado ejecutar, pero ya no podemos hacerlos. Imagínese lo que va a pasar para el próximo año cuando tengamos un presupuesto recortado y con problemas sociales. La población le va a reclamar a los alcaldes por la eliminación de obras. Queremos evitar una posible convulsión social que se podría dar por la reducción en el presupuesto de los gobiernos locales.  El Congreso debe modificar la propuesta de Presupuesto hecha por el Ejecutivo para que no se reduzcan los ingresos de las municipalidades.
 
¿Qué proponen para que el presupuesto para los gobiernos regionales y locales se incremente del 25 al 35 por ciento del total del Presupuesto de la República?

Para ese incremento estamos pidiendo el aumento del FONCOMUN para las municipalidades. Estamos pidiendo que lo que se destina al FONCOMUN, que son dos puntos porcentuales del 18 por ciento del IGV, se eleve a cuatro puntos, y que al gobierno central, que ahora recibe 16 puntos, vayan 14 puntos porcentuales del 18 por ciento del IGV. Con ese aumento del FONCOMUN pensamos llegar a una participación del 35 por ciento de los gobiernos regionales y locales en el monto global del Presupuesto de la República. 

¿Han tenido alguna respuesta del gobierno a esa demanda?

El gobierno central nos dice: nosotros estamos dándoles el mismo porcentaje, pero el problema es que está bajando el precio de los metales, el precio del petróleo, y por eso las municipalidades están recibiendo menos porque se recauda menos. Es decir, ante una crisis internacional nos disminuyen el presupuesto a las municipalidades, pero ante esa misma crisis internacional a las empresas privadas les están bajando el impuesto a la renta de 30 a 28 por ciento, y piensan bajarlo a 26 por ciento, para que enfrenten esa crisis. Todos los que cotizan en la bolsa de valores ya no pagan impuesto para poder enfrentar la crisis. Como Estado defendemos a los privados, pero no defendemos al mismo Estado. Así como el Estado compensa al sector privado por la crisis también debe compensar a las municipalidades. 

Se quejan de falta de presupuesto para los gobiernos locales, pero hemos visto cómo municipalidades gastan mal el presupuesto que tienen haciendo obras superfluas mientras la población no tienen acceso a servicios básicos como agua y desagüe, por ejemplo.  

Si nos ponemos a contabilizar, hay que ver cuántas de las 1,842 municipalidades tienen esa cantidad grande de dinero que reciben del canon y cuántas de ellas han hecho lo que usted me dice. Eso ha pasado, efectivamente, pero los ejemplos son unos cuantos. No por eso nos van a tildar a todos de que hacemos lo mismo. Para evitar eso se ponen controles… 

Pero es claro que esos controles no están funcionando como deberían.

Bueno, últimamente ha disminuido bastante este problema de gastos en cosas superfluas, porque se está invirtiendo sobre todo en saneamiento, en salud. Pero esa situación que usted señala son casos aislados. Se acusa de ineficiencia en el gasto a las municipalidades, pero hay prácticas malosas del gobierno central que llevan a esa acusación… 

¿Cuáles son esas prácticas malosas del gobierno central para hacer ver a las municipalidades como malos ejecutores de los recursos que tienen?

Nosotros, las municipalidades, hemos tenido un Presupuesto de Apertura, el PIA, para el año 2015, que es de 15 mil millones de soles. Durante el año ese presupuesto se ha ampliado en 11 mil millones de soles por transferencias del gobierno central que se han hecho a mediados de año. Cuando vamos a la ejecución del presupuesto que tenemos, vemos que las municipalidades hemos ejecutado en lo que va de este año algo así como 12 mil millones de soles, que es un porcentaje muy alto del PIA, el 70 por ciento, pero respecto al Presupuesto Modificado con las ampliaciones de recursos recibidas a mitad de año el nivel de ejecución presupuestal de las municipalidades baja significativamente. El problema es que esas ampliaciones presupuestales las recibimos a mitad de año y ya no hay tiempo para ejecutar esas ampliaciones de dinero. Por esa trampa del gobierno central nuestro nivel de ejecución aparece como bajo. Pongo un ejemplo. Si en julio me dan 5 millones de soles para una obra, solamente por los plazos legales para licitar la obra, a la municipalidad más eficiente que se pueda encontrar le va a tomar por lo menos tres meses iniciar la obra, eso como mínimo. ¿Por qué no nos dan todos esos recursos a principios de año para que así podamos gastarlo y no cuando ya es muy tarde para ejecutar ese monto recibido tardíamente?

Pero más allá de este problema con las ampliaciones presupuestales que reciben, ¿usted diría que las municipalidades tienen una buena capacidad de ejecución presupuestal, de inversión, de gastar bien, o reconoce problemas en este terreno?

Aquí hay dos temas, capacidad de ejecución del presupuesto que se tiene y gastar bien ese presupuesto. Si a principios de año nos hubieran asignado todo el presupuesto que tenemos ahora con las ampliaciones recibidas a mitad de año, ahora estaríamos en un nivel de ejecución de ese presupuesto total del 70 por ciento. El problema, como le decía, es que nos hacen las ampliaciones presupuestales a mitad de año, muy tarde para ejecutar esos recursos. Los casos de municipalidades que no gastan bien, es decir que gastan en hacer cosas que no sirven a la población, son aislados. Desde que en el año 2006 se implementó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que mira y debe aprobar las inversiones que hacemos las municipalidades, los gobiernos locales hemos ido aumentando nuestra capacidad para gastar los recursos que tenemos. Pero una vez que ya podemos gastar mejor, ahora nos quitan presupuesto.

¿Cómo funciona la relación de las municipalidades con el gobierno central para que se aprueben los proyectos de los gobiernos locales?

Los alcaldes tenemos que venir a Lima a negociar la aprobación de nuestros proyectos. Viajar a Lima para hacer esas gestiones incrementa nuestros gastos, que tenemos que sacar del poco presupuesto que tenemos. En Lima nos dicen que esos proyectos tienen que pasar ciertos controles para supuestamente hacer más eficiente el gasto, pero la verdad es que en Lima hay una mafia enorme alrededor de los ministerios para aprobar esos proyectos, existen muchos lobbies. No importa el proyecto que se lleve, lo que la población necesita, el proyecto debe estar en línea con lo que el gobierno central pretende. Para los funcionarios del gobierno central que ven estos proyectos lo importante es si su aprobación va a dejar o no una comisión... 

¿Les exigen el pago de una “comisión” para que les aprueben sus proyectos?

Directamente no puedo acusar a nadie, pero lo que tenemos es que alrededor de los ministerios pululan una serie de grupos de lobby que lo que hacen es buscar alcaldes para decirles: quieres presupuesto para tu obra, bueno la situación es así, la comisión es ésta. Eso lo sabe todo el mundo, los congresistas, los alcaldes…

¿Usted como alcalde ha tenido que pagar “comisiones” para sacar adelante algún proyecto?

Nuestra gestión es nueva, empezó este año, y no he pasado por eso, pero es “vox populi” que se tiene que dejar la comisión. No interesa la necesidad, la efectividad del gasto, o si se justifica o no ese gasto, para que un proyecto sea aprobado, lo que importa es el pago de la comisión. A los gobiernos sub nacionales por uno o dos casos de corrupción nos tachan a todos de corruptos. Y, sin embargo, la corrupción que se da en Lima, en el gobierno central, es enorme, y eso sin contar los grandes casos de corrupción, como narcoindultos, Petroaudios, Lava Jato. 

¿Qué prioridad le dan las municipalidades a la inversión social, al desarrollo humano, a proyectos para combatir la anemia y la desnutrición infantil?

Los gobiernos locales que estamos más cercanos a la población lo que hacemos es seguir lo que la población desea. Si se hace una obra de infraestructura, o una obra de desarrollo humano, de desarrollo social o económico, todo ello se establece con las comunidades, con la población, con la que hacemos talleres participativos para tomar estas decisiones…  

¿Y qué es lo que la población demanda: inversión en obras o inversión en desarrollo social?

La población lo que ve en el gobierno local es la atención de una necesidad más inmediata, la lucha contra la anemia y la desnutrición es una demanda más para una política del gobierno central. En realidad es el gobierno central el que establece y aplica las políticas en estos temas…

¿Los gobiernos locales que, como usted dice, están más cerca de la población, no deberían tener un rol clave en la ejecución de las políticas sociales?

Nosotros colaboramos con esas políticas. El sistema nos dice que es el gobierno central el que establece las políticas y nos busca como aliados para la lucha contra la desnutrición o la anemia infantil. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabaja mucho esos temas y busca a los gobiernos locales como aliados para esa lucha. Ahí es donde nosotros intervenimos, buscando hacer mucho mejor nuestro trabajo en la selección y la focalización de hogares, ese es nuestro trabajo para esos temas.

¿Los gobiernos locales no desarrollan iniciativas y acciones propias para, por ejemplo, combatir la anemia y la desnutrición infantil?

Es un poco complicado para nosotros hacer eso, porque tenemos poco presupuesto, y es un poco complicado establecer políticas porque nosotros tenemos que alinearnos a las políticas públicas nacionales respecto a estos temas. Aún así, podríamos desarrollar algunas políticas. En mi provincia (Celendín) estamos tratando de desarrollar un programa de alfabetización, no lo puedo hacer a nivel de toda la provincia pero sí a nivel del distrito capital de la provincia. Pero si no coordino con el gobierno central lo que voy a hacer es duplicidad, porque el gobierno central ya está con un programa en ese sentido. Por eso tenemos que coordinar el gobierno central y los gobiernos locales.  Hay que definir las tareas de cada nivel de gobierno. Estas tareas se establecen sobre todo en el gobierno nacional, los ministerios, que son quienes definen las políticas públicas. Lo que tratamos que solucionar nosotros, los gobiernos locales, son los problemas básicos, centrales. En este momento, por ejemplo, si queremos un mayor desarrollo productivo en mi localidad lo que tenemos que hacer es mejorar sus vías de comunicación para que los pobladores puedan extraer sus recursos, para que puedan traerlos a las ciudades y puedan comercializarlos. Para mejorar la educación tengo que mejorar la infraestructura de los colegios, muy aparte de las políticas que ya a implementa el Ministerio de Educación.

"Ante una crisis internacional nos disminuyen el presupuesto a las municipalidades", reclama el vicepresidente de REMURPE.
¿No tienen ninguna participación en el diseño de las políticas públicas de salud, educación, atención a la infancia, que se van a desarrollar en sus localidades?

Nosotros tratamos de luchar para que nos incluyan en las mesas intersectoriales de los ministerios y de la Presidencia del Consejo de Ministros, para poder participar en el diseño de las políticas públicas, pero ni siquiera en eso nos toman en cuenta. Son pocos los ministerios que toman en cuenta a las municipalidades o gobiernos regionales para diseñar las políticas públicas.

¿Muchas políticas públicas no funcionan porque chocan con la realidad local al haber sido diseñadas en un escritorio en Lima muchas veces sin conocer la realidad de la zona en la que se van a implementar?

En muchas experiencias se da eso. Por supuesto que cada vez que chocan con la realidad esas políticas se van mejorando. El problema es que hay una duplicidad enorme de esfuerzos. Quien convive con la población es el gobierno local, distrital o provincial, por eso es muy importante que el gobierno central y los gobiernos regionales cuando quieran implementar políticas recurran a los gobiernos locales para que puedan tomar su opinión y puedan hacer un buen diseño de esas políticas.

¿Cómo está la inversión social en la provincia de Celendín, de la que usted es alcalde? ¿Qué porcentaje de su presupuesto lo dedica al desarrollo humano?

Hemos avanzando en eso. Tenemos que definir el presupuesto en dos partes. Uno es el tema del gasto corriente y el otro es el tema del gasto de inversión. El gasto corriente que nosotros utilizamos es básicamente para sostener la provisión de servicios públicos. Como municipalidad provincial tenemos que proveer varios servicios públicos, como agua potable, limpieza pública, seguridad ciudadana. Para proveer y mejorar estos servicios públicos utilizamos el gasto corriente. También realizamos una serie de actividades de desarrollo humano, sobre todo en el tema cultural y artístico, donde hemos invertido bastante dinero. Pero lo que es gasto de inversión lo volcamos principalmente al desarrollo de infraestructura en la zona rural. De todo el presupuesto que tenemos en la municipalidad provincial para inversiones, el 90 por ciento lo utilizamos para inversión en obras en el campo, obviamente para eso se conversa con la comunidad y ellos eligen el proyecto de inversión pública que desean que se desarrolle en esa zona. 

¿Cómo ve las movilizaciones regionales contra la anemia y la desnutrición infantil promovidas por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia para lograr compromisos a nivel local en las distintas regiones para priorizar las políticas contra estos dos graves problemas? 

Nosotros planteamos en la campaña electoral ese tema de luchar contra la anemia y la desnutrición infantil. El tema de desnutrición infantil, sobre todo en Cajamarca, se da básicamente por un tema de economías de autoconsumo que se van dando en las comunidades. En otras palabras, ahí se consume lo que se produce, no hay una variación de la alimentación, no hay un balance en la alimentación. Entonces, como se consume lo que se produce, entonces casi todos los días se consume lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con la convocatoria a estas movilizaciones regionales contra la anemia y la desnutrición infantil. El día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, vamos a promover una movilización en la provincia de Celendín, para ello estamos coordinando con la subgerencia de programas sociales. De lo que se trata es de incidir en la población y en las personas que toman las decisiones para poder implementar políticas contra la anemia y la desnutrición infantil.

¿Qué deben y qué pueden hacer los gobiernos locales para combatir la anemia y la desnutrición infantil? 

Lo que está en nuestras manos es lo que está en nuestro gasto corriente, es decir, brindamos el servicio público del programa de complementación alimentaria. Este programa, que básicamente depende de las municipalidades, lo que hace es asegurar que el apoyo alimentario llegue a quién debe llegar, que los beneficiarios del Vaso de Leche, de los comedores populares, sean los correctos. Desde nuestra labor podemos implementar eso. Podríamos implementar otros planes, sí, pero no podemos financiarlos con el dinero que tenemos. Y debemos cuidarnos de no duplicar las funciones que ya vienen ejerciendo el gobierno central o los gobiernos regionales en estos temas.


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