En la presente campaña electoral por el municipio de Lima algunas de las candidaturas sorprendieron gratamente al enfatizar que tenían como propósito dar atención preferente a la primera infancia. Sin embargo, en dos programas de nuestra televisión abierta, a cargo de experimentados periodistas , se criticó dicha iniciativa con el argumento de que los niños no votan y que en lugar de ese tipo de ofrecimientos debieran preocuparse por temas como la seguridad ciudadana o el agobiante tránsito vehicular, que afectan directamente a los ciudadanos votantes.

Lo grave de este desencuentro es que los periodistas interpretan el sentir de una mayoría ciudadana que desconoce a la primera infancia como factor esencial de todo desarrollo humano y socioeconómico, y que aspira sólo a que les sean resueltos “sus” problemas.

No es casual que en la millonaria publicidad oficial presentando en múltiples medios – Mundial de fútbol incluido – los “logros” del actual gobierno, no haya uno solo que destaque preocupación oficial por la primera infancia. El Perú no avanza, o avanza poco, en este sentido.

Un primer imperativo será elevar la conciencia colectiva de que no habrá desarrollo posible si no aseguramos en el país el derecho de los niños a crecer con suficientes grados de autonomía, a ser protegidos, a una vida saludable, a tener bases sólidas para recibir una educación de calidad, a la seguridad afectiva, en resumen a una vida feliz.

Nuestra condición de ser uno de los países más inequitativos de América Latina se refleja sobre todo en los terribles efectos de la pobreza y el abandono en una mayoritaria población infantil. Esta situación propicia un segundo imperativo, cuyo cumplimiento demanda gobernantes y políticas públicas que prioricen a la primera infancia a nivel nacional, regional y local. Si bien es necesario reconocer avances en lo hecho respecto a veinte años atrás y que algunas cifras mejoran, la tarea por realizar es tan gigantesca que no debiéramos identificar avances con logros ni publicitarlos tanto, y ocuparnos, mas bien, gobernantes y gobernados, por garantizar el aumento e intangibilidad del presupuesto público a favor de la infancia en general, y de la primera infancia en particular, cambiando la actual orientación en la certeza de que recursos hacia la infancia significan verdadera inversión y no solo gasto presupuestal.

El importante cambio de paradigma propiciado por acuerdos internacionales bajo el cual el Estado considera a los niños como sujetos de derecho en lugar de simples sujetos de protección, se expresó en la aprobación del Plan Nacional de Acción por la Infancia en junio de 2002. Este y otros avances demandaban una mayor difusión de los compromisos asumidos, una efectiva vigilancia ciudadana sobre su buen cumplimiento y uso de recursos, así como una evaluación abierta y participativa sobre ese Plan o sobre medidas como la aprobación del Código de los Niños y Adolescentes y las Defensorías Municipales (DEMUNA). Preguntémonos si esas demandas se han cumplido o se están cumpliendo y si sus objetivos han excedido todos los esfuerzos realizados para hacerlos efectivos.

Un tercer imperativo, entonces, es el de posibilitar que acuerdos como los señalados sean parte de un compromiso de la sociedad y no sólo responsabilidad exclusiva de ministerios y burocracias. En la actual construcción del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2011 – 2016, debiera considerarse una mayor y activa presencia de la sociedad civil y reparar notorias insuficiencias en el Plan que fenece este año.

Imperativo moral y ético colectivo será declarar inaceptables para el país los actuales indicadores sobre desnutrición infantil, e indispensable orientar esfuerzos políticos y sociales para la erradicación de todos los factores prevenibles de estos males, tal como lo señala el Pacto Social Ciudadano para una Inversión en la Infancia como factor clave para erradicar la pobreza, adoptado por iniciativa de la sociedad civil en noviembre de 2009.

Las próximas contiendas electorales deben servir como termómetro para medir nuestros progresos como ciudadanos capaces de demandar la modificación del actual orden social y de la política redistributiva vigente. La incorporación del tema de la primera infancia en el debate electoral y nuestro voto a favor de quienes se atrevan a optar por asumir como propios los argumentos a favor de eliminar el escándalo de una primera infancia desnutrida, anémica y ajada por la pobreza, de ampliar significativamente su atención generalizada, particularmente en áreas rurales e indígenas, a través de Wawa Wasis, de centros de educación inicial y de centros de salud preventiva, constituirán adecuada respuesta a situaciones límite, cuyo enfrentamiento parcial debiera ser motivo de preocupación más que de complacencia y, menos aún, de regocijo.

José Rivero Herrera, consultor en Políticas Educativas y actual directivo de Foro Educativo Nacional. Durante dos décadas fue especialista regional de la UNESCO en Santiago de Chile. Ha sido distinguido con las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. Es autor de varios libros y artículos especializados en políticas y desarrollo de la educación en el Perú y América Latina.