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ENTREVISTA
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Rosa Vallejos, comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo

“El Congreso debe darle prioridad a la aprobación de una ley que prohíba toda forma de violencia contra la infancia”

Rosa Vallejos señaló que "la violencia contra la infancia, se ha venido asumiendo como algo aceptado, algo cotidiano".
Entrevista: Carlos Noriega

En la siguiente entrevista, Rosa Vallejos, comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, habla sobre el grave problema de la violencia contra la infancia. Vallejos llama la atención sobre la urgencia de que el Congreso apruebe una ley que prohíba toda forma de violencia, incluidos el castigo físico y humillante, contra los niños, niñas y adolescentes, que en la actual legislación están permitidos como una forma de corrección bajo la figura del ‘castigo moderado’.

¿Cuál es la magnitud del problema de la violencia contra la infancia en el Perú? 

Los casos de violencia contra la infancia son abordados por diversas instituciones del Estado. Uno puede encontrar una base de datos de casos en el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, que reportó para el año 2013 más de 15 mil casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. También se puede encontrar información en la Policía, información de los casos más graves en el Ministerio Público, y ahora también hay un registro del Sistema Especializado en Atención de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE), donde también se encuentran registros de casos de violencia escolar. En lo que es castigo físico y humillante, el SISEVE ha reportado que en el año 2014 el 36 por ciento de sus casos son castigo y violencia usados por docentes; estos son más o menos 700 casos. En la Defensoría del Pueblo también tenemos algunos casos, no son muchos, porque no todos los casos se reportan a la Defensoría del Pueblo.

¿No hay información consolidada a nivel nacional que nos permita conocer la magnitud de este problema y así diseñar políticas públicas partiendo de esta información?

No hay una base única de casos, ni para el castigo físico y humillante, ni para las otras formas de violencia contra la infancia, entonces no hay una data estadística sobre la magnitud de este problema a nivel nacional. Hay estudios particulares de diversas zonas que pueden dar una idea de la situación. Existe la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2014 que ha dado cuenta que el 19,8 por ciento de madres siguen considerando que el castigo físico y humillante es un método válido para corregir la conducta de los niños.  

En una encuesta de Ipsos presentada en setiembre de 2014 en el III Encuentro Nacional por la Primera Infancia, organizado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, el 51 por ciento señaló haber sido testigo directo de violencia física y el 53 por ciento de violencia psicológica contra niños de su entorno cercano; un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en Huancavelica, presentado hace unos días, revela que el 45 por ciento de las personas señalan estar de acuerdo con la violencia física contra los niños como un método de corrección y más del 70 por ciento aprueba la violencia psicológica. ¿La violencia contra la infancia está aceptada socialmente como una forma válida de corrección a los niños?

La violencia contra la infancia, y en particular el castigo físico y humillante, se ha venido asumiendo como algo aceptado, algo cotidiano. No se ve la magnitud real de los daños físicos, psicológicos, que pueden causar en los niños, niñas y adolescentes. Lo grave es que los adultos que usan la violencia para corregir a los niños no se están dando cuenta de los efectos que pueden causar en los niños, y que tienen que ver con lesiones físicas, pero que también pueden llegar a causar problemas de aprendizaje, niños que relacionen el amor con la violencia, que no aprendan a resolver sus problemas cotidianos cuando sean adultos. Este es un tema que no está siendo advertido, no se está viendo, más aún cuando tenemos un marco normativo que permite y reconoce el derecho de los padres a corregir moderadamente a sus hijos. El término moderado es tan libre que permite al adulto, al padre, castigar sin ningún límite al niño y no esperar que lo sancionen por ello.

Sobre esta norma que permite el ‘castigo moderado’ y que diversos especialistas han calificado como una puerta abierta para la violencia contra los niños, se ha dado un debate en el Congreso para derogar esta figura del castigo moderado y prohibir expresamente el castigo físico y el trato humillante contra los niños, niñas y adolescentes, pero esa prohibición expresa no se ha podido aprobar. Por el contrario, la Comisión de Justicia del Congreso ha emitido un dictamen en mayoría para un nuevo  Código de los Niños, Niñas y Adolescentes que mantiene esta figura del castigo moderado. ¿Hay una mayoría en el Congreso que todavía está inmersa en esa cultura de aceptar la violencia contra los niños como una forma legítima de corrección y por eso se resiste a aprobar una norma que la prohíba expresamente?

Esa sería la única justificación para poder entender cómo una propuesta legislativa que incorporaba el reconocimiento del derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, y prohibía expresamente tanto el castigo físico como el trato humillante, haya sido omitida en el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, que desconoce la prohibición de toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Hay un desconocimiento del derecho de los niños a no ser castigados con violencia, esa precisión no ha sido tomada en cuenta en el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia sobre el nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes.

¿En el Congreso hay una correlación de fuerzas mayoritaria para permitir la continuidad de una normativa que abre las puertas para la violencia contra la infancia?

No me atrevería a hacer esa afirmación…

Por lo menos esa correlación mayoritaria de fuerzas es la que se ha dado en la Comisión de Justicia.

La Comisión de Justicia está integrada por un colectivo de congresistas que aprobaron en su momento este dictamen. Paralelamente a ello, hay una serie de iniciativas de distintos congresistas para prohibir toda forma de violencia contra la infancia que se han presentado en el Congreso. Tenemos las propuestas de los congresistas Marisol Pérez Tello, Luz Salgado, José Urquizo, Aurelia Tang, María Cordero; todas estas propuestas apuntan a prohibir el uso del castigo físico y humillante. El Ejecutivo también ha presentado al Congreso una iniciativa para prohibir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas.

Pero el tema sigue empantanado en el Congreso y no se debate una ley que prohíba toda forma de violencia contra la infancia.

Hace dos semanas estaba en la agenda del Congreso para su debate el proyecto del nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero lo sacaron de la agenda. La preocupación de la Defensoría del Pueblo es que no entendemos por qué no sale una iniciativa legislativa frente al tema del castigo físico y trato humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Hemos mandado, como Defensoría del Pueblo, un oficio a la presidenta del Congreso (Ana María Solórzano) haciéndole ver la necesidad de que el Estado, el Congreso, apruebe una norma específica contra el castigo físico y humillante.

¿Debe darse una ley específica que elimine la figura del castigo moderado y prohíba toda forma de violencia contra la infancia o eso debe ser parte de un nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes?
Vallejos afirmó que la Defensoría del Pueblo seguirá apuntando a que el Congreso reconozca los derechos de los niños, a través de una norma prohibitiva del castigo físico y humillante.

No debemos esperar que se vea el paquete del nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, que trae varios temas. Debe haber una ley específica para prohibir toda forma de violencia física y trato humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Las propuestas de los congresistas que he mencionado y del Ejecutivo estaban planteadas para que haya una ley específica sobre el tema. Sacarlo como parte del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes nos está demorando mucho. La Defensoría del Pueblo ha mandado un oficio a la presidenta del Congreso haciéndole ver que ya hay propuestas normativas trabajadas a nivel del Congreso y se plantea que en base a estas propuestas legislativas se presente un proyecto único que reconozca la prohibición de la violencia contra los niños y sea aprobado más rápido.

El Congreso debe unificar las distintas propuestas que existen…

En febrero enviamos al Congreso nuestra propuesta diciendo que el proyecto debe contener por lo menos el reconocimiento al buen trato de los niños, niñas y adolescentes por parte de los padres, educadores, cuidadores; que se prohíba el uso del castigo físico y trato humillante como medida correctiva hacia los niños, niñas y adolescentes; que esta prohibición debe alcanzar todos los espacios donde se desenvuelven los niños, en la escuela, en el hogar, en todos los lugares donde los niños tengan a alguien con la función de educador y de cuidarlos; y que se derogue expresamente el término de la corrección moderada reconocida como un derecho de la patria potestad tanto en el Código de los Niños y Adolescentes como en el Código Civil. Le decimos al Congreso que ellos lo pueden hacer y que lo hagan.

¿Y qué respuesta han tenido de la presidencia del Congreso?

Eso ha sido presentado en febrero y no hemos tenido ninguna respuesta. Nuevamente hemos enviado otro oficio reiterándole al Congreso que aborde este tema en base a la propuesta presentada, porque ya salieron los resultados de la ENDES 2014 que muestran que los ciudadanos siguen considerando el castigo físico y el trato humillante como forma válida para corregir al niño. Tampoco nos han contestado.  

¿Cree que en esta legislatura se apruebe en el Congreso una ley que prohíba el castigo físico y el trato humillante contra niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo ve el panorama en el Congreso?

Siempre hay que ser propositivos y pensar de manera positiva. Vamos a seguir apuntando a que el Congreso entregue lo que le debe a los niños, que es el reconocimiento de sus derechos, a través de una norma prohibitiva del castigo físico y humillante. La Defensoría del Pueblo va a seguir exigiendo esto, y la ciudadanía, la sociedad civil organizada, está haciendo un movimiento para tratar de hacer que el Congreso apruebe la norma que les debe a los niños.

¿Es urgente que el Congreso aborde este tema y apruebe una legislación en ese sentido?

Por supuesto. Nosotros en América Latina ya tenemos ocho países que han aprobado una ley específica de prohibición del castigo físico y humillante (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela) y a nivel mundial ya son 46 países. Hay recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Estado peruano para que prohíba expresamente el castigo físico y elimine la corrección moderada. El Estado peruano se comprometió ante las Naciones Unidas en el año 2012 a dar una norma que prohíba el castigo físico y humillante. La Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por el Perú reconoce el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes. El Comité de Derechos del Niño en dos documentos internacionales que interpretan la Convención, dice que los Estados tienen que prohibir expresamente el castigo físico y humillante. Hay una serie de compromisos internacionales en ese sentido que el Estado peruano ha suscrito y que tendría que cumplir.

El tema de la prohibición de la violencia contra la infancia no se debate en el Congreso, la Comisión de Justicia ha decidido por mayoría mantener la cuestionada figura legal del castigo moderado que abre las puertas del castigo físico y trato humillante a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cree que hay voluntad política para sacar adelante una ley que prohíba expresamente toda forma de violencia contra la infancia?

Desde que tenemos proyectos de ley presentados por algunos congresistas, podríamos decir que sí hay voluntad política de algunos congresistas. Generalmente, sí hay voluntad de estar a favor de las normas de protección de los niños y las niñas. En este tema, puede haber cuestionamientos en algunos congresistas, lo que se ha visto traducido en el dictamen de la Comisión de Justicia. Tenemos fe que la Mesa Directiva del Congreso ponga en agenda este pedido de la Defensoría del Pueblo para que se prohíba expresamente el castigo físico y humillante. Tenemos la esperanza que esto salga. El Congreso tendría que darles prioridad a los niños y a las niñas emitiendo una ley que prohíba el castigo físico y humillante.

¿Las posiciones frente a este tema son individuales de los congresistas, o se pueden definir posturas a favor y en contra de acuerdo a cada bancada?

Cuando uno ve cómo se ha ido desenvolviendo el Congreso, uno puede ver que en algunos temas se toman decisiones por bancadas y en otros son decisiones personales. En este tema de la violencia contra la infancia me parece que las posiciones son más de tipo personales que de bancadas.

Más allá de los planes escritos, ¿hay, en la práctica, una política pública de prevención de violencia contra la infancia?

El tema de la prevención es un proceso que todavía no se ha podido consolidar bien…  

¿Hay debilidad en estas políticas públicas frente a la prevención?

Sí. Si nosotros asumimos en cómo está planificado, podríamos decir que el Centro de Emergencia Mujer hace una labor de promoción y de prevención; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está haciendo su propuesta para abordar y llegar a resultados de recudir
"El término moderado es tan libre que permite castigar sin ningún límite al niño y no esperar que lo sancionen por ello", indicó Rosa Vallejos.
la violencia; el Ministerio de Educación hace sus esfuerzos contra la violencia escolar. Pero esto es un proceso, todavía no se termina de tener todas las herramientas para poder lograr hacer prevención de la violencia. Todavía no hay algo unificado, nacional, que funcione en todos los espacios, para que familia, escuela, comunidad, para que todos se organicen. Eso no existe.

¿No existe, entonces, una política pública nacional de prevención frente a la violencia contra la infancia?

Existe desde que está formulada como un resultado a alcanzar, lo que falta es el detalle de cómo logramos eso. Existe una propuesta que se está trabajando con el concurso de todos, porque no solo el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Educación van a resolver el problema de violencia, que es responsabilidad de todos. No solamente el Estado tiene que trabajar en la prevención de violencia contra la infancia; la familia, la sociedad, tienen que empoderarse para trabajar.

Pero al Estado le corresponde impulsar esa política pública de prevención de la violencia contra la infancia.

Al Estado le corresponde, efectivamente, crear la propuesta de política y promover la participación de la comunidad. Sé que están haciendo un esfuerzo por sacar esta propuesta, pero creo que todavía es débil. Este tema es complicado, el castigo es un tema de prácticas aprendidas que requieren un programa de trabajo con las familias, que finalmente también es una labor del gobierno local. Son las municipalidades las que deberían tener un espacio donde las familias puedan ir a pedir ayuda en la crianza y educación de sus hijos. Falta ese espacio y el compromiso del gobierno local.


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