Desafíos y promesas al 30% de la población peruana: las niñas, niños y adolescentes

Al inicio de este gobierno (2016) me pidieron que escriba sobre las oportunidades y los desafíos que enfrentaban las niñas y niños en relación al acceso a sus derechos. Basada en el marco normativo y las posiciones públicas de candidatos/as y autoridades (ejecutivo y legislativo), escribí que teníamos todas las de ganar. Lamentablemente, hasta ahora veo que me equivoqué. Una vez más la realidad supera a la ficción y la niñez, el 30% de la población, la sigue pasando mal...

Pienso que las niñas, niños y adolescentes en el Perú la pasan mal por 2 razones centrales:

1. No se les toma en serio. La mayoría de adultos y las autoridades no comprende lo que significa que las niñas, niños y adolescentes sean personas con derechos; es más, con derechos especiales y donde prima su Interés Superior en la toma de decisiones de política pública (Ley N° 30466 y uno de los cuatro Principios de la Convención sobre los Derechos del Niño).

2. Sistemáticamente en Perú se incumplen las normas que les protegen y no pasa nada. Tenemos muchas leyes y planes para promover los derechos de la niñez; hay Acuerdos de Gobernabilidad al 2021; y entre otros, la cuarta versión de un Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) - hoy con rango de Ley –que está lejos de implementarse para lograr sus objetivos. 

a. Ley Nº 30362: le da rango de Ley al PNAIA para, supuestamente, asegurar su implementación . La ley declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos para el cumplimiento del PNAIA; precisa que “los recursos públicos consignados… (son)… inversión estratégica y prioritaria… y están protegidos en caso de caída de la recaudación o desaceleración económica”.

b. Ley N° 30466: establece como consideración primordial para la toma de decisiones priorizar el interés superior del niño y la niña para que se ponderen los efectos que la decisión tendrá en sus vidas. 

c. Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña: desde hace 28 años el Estado peruano se comprometió a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de la niñez (personas menores de 18 años) y así cumplir con la Convención. 

Teniendo este marco normativo, en Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el ente rector en la políticas públicas de niñez y por lo tanto su rol es liderar la coordinación intersectorial y en los tres niveles de gobierno para que se respeten sus derechos.  Además, como medida de rendición de cuentas el Premier tiene la obligación de informar en el Congreso sobre los avances en esta materia.  Esto no se cumple hace varios años y confiamos en que el Premier Villanueva lo haga pronto. Recuerdo al hoy Presidente Martín Vizcarra, que aun de candidato, decía “sino sentamos la base de un desarrollo en la infancia definitivamente no vamos a poder revertir la situación…esta no es una promesa electoral, es una forma de pensar que la hemos venido aplicando… necesitamos empoderar estos conceptos y que los asuma la primera autoridad del Perú, el Pdte de la República” https://www.youtube.com/watch?v=z49MG8QlrZA 

Dicho estos, y en coherencia y compromiso con el Pacto Social por la Infancia, firmado por personalidades e instituciones que forman parte de la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia, junto con los integrantes de la Plataforma Multipartidaria del Congreso, que busca “abordar en su complejidad el tema de violencia contra la infancia y crear un mecanismo con capacidad de pronta respuesta, para hacer frente a la creciente violencia infantil y la niñez, especialmente de nuestras niñas y adolescentes”.

En el país existen diversas organizaciones que vienen realizando experiencias importantes a favor de la infancia y de la adolescencia que ponen a disposición el expertiz y la experiencia colectiva para lograr los cambios inmediatos y duraderos que las niñas, niños y adolescentes merecen por derecho. No será fácil, ningún cambio de paradigma lo es, pero es un deber moral, ético, legal y social que las autoridades no pueden seguir evadiendo y la sociedad civil avalando.