Congreso plantea destinar 6 por ciento del PBI para sector Educación

El Congreso de la República aprobó una iniciativa de reforma constitucional para destinar como mínimo el 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación.

Esta propuesta ha generado controversia respecto a su alcance constitucional y a los fundamentos que la sostienen. Debido a que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo cual no puede crear ni aumentar gastos públicos a excepción de su presupuesto.

Si bien existe un consenso en cuanto a la necesidad de incrementar el presupuesto designado a educación, el objetivo central es la calidad de la educación.

El principal argumento detrás de la iniciativa parlamentaria es que el gasto público destinado a educación está por debajo del de otros países de la región. Sin embargo, en el 2019, el presupuesto público del sector educación en Perú fue de S/31.800 millones (4,2 por ciento del PBI). Este monto supera se superior a lo asignado en México (3,1 por ciento) y Colombia (3,9 por ciento), pero está por debajo de Chile (5,5 por ciento).

Sin embargo, la clave para impulsar el sector educativo también es la eficiencia, la misma que no se ha visto bien reflejada en sus niveles de gasto. “La ejecución del presupuesto de inversión pública del sector fue 69 por ciento en el 2019. En particular, los gobiernos locales ejecutaron apenas dos tercios del presupuesto de inversión a su cargo, lo cual se explica, principalmente, por el limitado avance en la construcción de edificios y estructuras (65,9 por ciento)”, destaca el Instituto Peruano de Economía.

Asimismo, un estudio del Banco Mundial encontró que, por cada dólar invertido en infraestructura y equipamiento de escuelas primarias, el rendimiento escolar aumentaba entre 1,8 y 1,9 puntos porcentuales.

Pero no basta con una mayor ejecución del monto asignado, también se debe priorizar este gasto para mejorar la cobertura educativa y el desempeño de los estudiantes. También es importante revalorizar la carrera docente a través de esquemas de incentivos con base en la meritocracia.