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ENTREVISTA
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Ana Jara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

“El Congreso debe aprobar ley que prohíbe toda forma de violencia y maltrato contra los niños”

Ministra de la Mujer, Ana Jara, en entrevista con el Blog Inversión en la Infancia
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, conversó con el Blog Inversión en la Infancia sobre la problemática de la violencia contra la infancia y lo que el gobierno viene haciendo para prevenir y erradicar esta violencia que afecta a la niñez. La ministra destaca la importancia de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso que prohíbe todo tipo de maltrato y violencia contra la infancia y pide su pronta aprobación. Reconoce la falta de información precisa sobre la dimensión de la violencia contra la infancia en el país y anuncia una encuesta especializada a nivel nacional sobre este tema para conocer la real magnitud de este grave problema.

Recientemente el Perú fue sede de un foro internacional de expertos y autoridades para abordar la problemática de la violencia contra la infancia. Una de las cosas que se señaló es que en la mayor parte de los países la legislación no protege plenamente a los niños contra la violencia. Entre esos países está el Perú, donde la legislación permite el “castigo moderado” a los niños, lo que, según diversos expertos, es una puerta abierta para la violencia doméstica contra los niños.
 
Este encuentro internacional es de suma importancia para nosotros. En el Perú nos encontramos en pleno debate de una ley, que ha ingresado al Congreso de la República ya  hace varias semanas, que busca erradicar todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes, quitándole la posibilidad que todavía tienen los que están a cargo de la tutoría, patria potestad o tenencia de los niños en el Perú, de ejercer una disciplina “moderada”, entre comillas, con los niños cuando se trata de disciplinarlos.

¿Se debe eliminar la figura de la “corrección moderada” que ahora existe?

Existe (la “corrección moderada”) en el Código Civil, pero no existe en el Código del Niño y del Adolescente. Existe una contradicción de dos normas. La “corrección moderada” debe ser eliminada mediante una ley.

Usted además de ministra también es congresista. ¿Qué pasa en el Congreso que no se debate y aprueba esta ley que prohíbe toda forma de violencia contra los niños?

Básicamente la invocación que les hacemos a los legisladores es que tenemos que priorizar este tema. Últimamente en el Perú nos hemos visto envueltos en temas referidos a  fiscalización de los poderes públicos, a interpelaciones, a citación de preguntas a los ministros, al debate de determinadas normas de carácter tributario, pero como que el tema de la infancia ha pasado a un segundo plano…

¿No se le está dando la prioridad que debería dársele al tema de la infancia?

No con respecto a este proyecto de ley. En otros temas si hemos accionado muy bien con los congresistas para poder sacar normas con carácter de urgencia. Instalada esta nueva legislatura en el Congreso y sensibilizando la agenda con este evento internacional sobre violencia contra la infancia (realizado en el Perú), nosotros buscamos impulsar este proyecto de ley lo más pronto posible en el Congreso…

¿Espera que se apruebe en esta legislatura?

Estamos seguros que en esta legislatura este proyecto de ley debe ser aprobado en el Congreso.

Usted señaló en este foro internacional que en el Perú, aunque no existen estudios detallados a nivel nacional sobre la magnitud de la violencia contra la infancia,  según la última  ENDES 2011 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) uno de cada tres padres dice que castiga físicamente a sus hijos, y que del total de niños víctimas de violencia, el 50 por ciento sufre violencia psicológica, el 32 por ciento violencia física y el 18 por ciento violencia sexual. ¿Qué acciones está haciendo el gobierno para revertir esta situación de violencia contra la infancia?

Además de esta ley, que corre por cuerdas separadas en  el Congreso y que busca eliminar todo tipo de violencia contra los niños, aun cuando quieran enmascararla como disciplina moderada que ejercen los padres o tutores contra los niños, hemos aprobado el Programa Nacional de Acción para la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA). Esta es una herramienta de políticas públicas de manera transversal que involucra a los sectores del gobierno central, llámese Ministerio de Salud, de Educación, de Inclusión Social, y los gobiernos regionales, que son las autoridades al interior del país, y también los gobiernos municipales. Estas políticas públicas tienen que estar encaminadas a metas específicas, que nosotros nos hemos proyectado a mediano y largo plazo en un período de 10 años. El PNAIA tiene dos temas emblemáticos por excelencia, uno que ya lo hemos aprobado que es la eliminación de todo tipo de violencia, la erradicación de todo tipo de maltrato a la niñez y adolescencia en el Perú, y el otro es el sinceramiento de condenar, censurar  y eliminar lo que es la explotación infantil, que antes se enmascaraba como el trabajo infantil, que en la legislación peruana estaba permitido bajo determinadas circunstancias, pero no para menores de 14 años, lo que era una especie de exposición a los niños a un estado de peligro y, muchas veces, la utilización con fines de explotación sexual. Estamos condenando la explotación infantil y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Son dos grandes modificaciones que tiene este programa nacional entonando, sincronizando, con lo que se ha visto en este foro internacional sobre violencia contra la infancia.

Ana Jara, ministra de la Mujer
En este foro internacional se ha señalado que un problema central es la falta de articulación de las políticas públicas para enfrentar la violencia contra la infancia. ¿Cómo se presenta este problema de articulación en el Perú y qué hacer para tener una política articulada entre las distintas instancias del gobierno y entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales?

El ente rector en temas de infancia en el Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y dentro de esta rectoría nosotros supervisamos el avance de las metas que nos hemos propuesto a través del Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia. Nosotros sancionaremos a los estamentos, ya sean del gobierno central o de los gobiernos sub nacionales, que incumplan las políticas públicas de promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Un grave problema en el Perú es la falta de estudios a nivel nacional para conocer la real magnitud de la violencia contra la infancia, lo que es un obstáculo al momento de definir políticas públicas sobre este problema. ¿Cómo enfrenta el gobierno esta falta de información?

La información que tenemos, además de la encuesta de hogares ENDES, que no siempre visibiliza la problemática de violencia porque no es una encuesta especializada sobre violencia contra la infancia, toma como referencia las denuncias que se recopilan a través de los Centros de Emergencia Mujer, que son una especia de ventanilla única de atención a las víctimas de violencia física y sexual, principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. Queremos contar con una línea de base, con datos más sincerados respecto a cómo se aprecia al interior de los hogares peruanos el tema de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y es por eso que estamos impulsando desde el Ejecutivo la primera encuesta de hogares peruanos donde establezcamos, con preguntas directas a los padres de familia, qué entienden ellos por disciplina, o al momento de aplicar corrección a sus hijos ¿cómo lo hacen?, si verbalmente o físicamente. Es una encuesta especializada a nivel nacional y en ese compromiso político está el presidente Humala. Confiamos que al culminar este ejercicio anual del 2012 y a inicios del 2013 podamos implementar esta primera encuesta nacional especializada sobre violencia contra la infancia. Sobre la base de los resultados de esta encuesta especializada podremos establecer políticas públicas eficaces. Los insumos que nos dará esta primera encuesta especializada de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el Perú será para nosotros un paso decisivo para perfeccionar las políticas públicas que hasta el momento venimos estableciendo.

¿Cuál es la estrategia del gobierno para prevenir la violencia contra la infancia y lograr su erradicación?

Este es un tema multisectorial y multidisciplinario. Entramos a tallar nosotros (el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) con el Ministerio de Educación, el de Salud, el de Desarrollo e Inclusión Social. Debemos entrar a las escuelas, sobre todo en las instancias de la infancia donde se implanta la educación, comprometiendo a los padres de familia en esta orientación de la no violencia. En este trabajo preventivo estamos actuando a través de las Defensorías de los Niños y Adolescentes, que son las instancias inmediatas a través de las municipalidades que trabajan articuladamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que representa al Ejecutivo. Las Defensorías son supervisadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y son ellas las que, conjuntamente con el Ministerio de Educación, están entrando a establecer talleres educativos, que no solamente comprometan a los directores de instituciones educativas, a los profesores de aula, sino también a los padres de familia. Simultáneamente, los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social buscan atacar la desnutrición crónica, atacar los niveles de pobreza y pobreza extrema, para lograr que en su desarrollo nuestros niños tengan la igualdad de oportunidades que requieren para lograr un desarrollo integral. Atacamos el tema educativo desde los colegios, con participación de los padres y el Ministerio de Salud, para lograr que haya un seguimiento del desarrollo físico de los niños con la tutela que deben tener y los programas de salud a favor de primera infancia, y también con la creación de las oportunidades para que se inserten los padres de familia en una actividad económica y luchemos conjuntamente para erradicar la desnutrición crónica infantil en el país, cuyos índices todavía siguen siendo muy altos.

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