El país hizo esfuerzos importantes el último tiempo por promover un compromiso nacional con la primera infancia mediante distintas políticas públicas que debían contribuir hacia su buen desarrollo. Los últimos cinco años el combate contra la desnutrición infantil y la anemia ocuparon por instantes las primeras páginas de los medios, así como la preocupación y el discurso de nuestros gobernantes, al extremo que se creó una cierta imagen nacional que permitía suponer algún progreso en la materia.

Los resultados preliminares de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2016, parecen demostrar que las políticas estuvieron marcadas por las buenas intenciones y que la imagen de progreso era una fantasía. El Perú tiene prácticamente un millón de niños menores de cinco años anémicos y más de 380 mil con desnutrición crónica. No obstante el compromiso gubernamental de terminar con la anemia para el 2021 y disminuir la desnutrición al 8% para el 2021, es claro que, por lo menos la anemia se incrementó del 41.6% al 43.5%, llegando al 52.3% en el espacio rural, donde la desnutrición crónica es tres veces mayor que la que se encuentra en el mundo urbano.

Los especialistas en el tema encuentran distintas “explicaciones” parciales a esta situación dramática. La misma, con razones fundadas, se atribuye a una mala gestión de los recursos destinados para cumplir, por ejemplo, con la reducción de la desnutrición infantil y la anemia o para mejorar la educación. Otros lamentarán la desarticulación del trabajo intersectorial que existió en el pasado en algunos campos de esta temática, verbigracia la desnutrición crónica; los terceros señalarán la falta de liderazgo político del anterior gobierno o el enfocar las políticas centralmente en el volumen de recursos invertidos puntualmente, sin atender a cabalidad las determinantes sociales que intervienen y que tienen un carácter multidimensional, involucrando acceso a agua y saneamiento, niveles de pobreza, conectividad, etc.

Sin poner en tela de juicio esas u otras explicaciones similares, es claro que ellas no aluden directamente a la cuestión de fondo: el fracaso del Estado peruano. De ese que fue diseñado en tiempos de escasez de recursos y que no fue capaz de responder efectivamente a las necesidades de peruanas y peruanos en el ciclo de crecimiento más importante de nuestra historia republicana. Sus limitaciones no fueron de recursos ni de presupuesto; fueron de vejez y de incapacidad para su cambio real, al extremo que la descentralización, la única reforma real que intentamos como país en el siglo XXI, ya estaba bloqueada antes del inicio del gobierno anterior.

Con un Estado desarticulado horizontalmente (entre los sectores) y verticalmente (entre los niveles de gobierno), carente de cualquier espacio de coordinación intergubernamental que vincule efectivamente al gobierno nacional con el de los distintos territorios, era muy poco lo que se podía avanzar en temas complejos como el de la primera infancia. Sin una definición clara de roles y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno –no obstante la maraña de normas en la materia- resultaba imposible imaginar un Estado efectivo. Adicionalmente, recordemos que en las formas se transfirieron funciones y competencias sin recursos, ni capacidades, agravando una situación de por si difícil.

Con un Ministerio de Economía y Finanzas que fue reconcentrando los recursos del presupuesto público asignados al gobierno nacional, hasta superar el 75% de éstos el año 2015, peor aún, con un presupuesto anual que siguió estableciéndose a partir de criterios discrecionales, inerciales e históricos, no debe sorprendernos el que se hayan profundizado brechas y desigualdades, al extremo que los territorios con menor pobreza, mayor presencia del Estado y mejores índices de competitividad, fueron los que recibieron del Estado mayores recursos per cápita, como se evidencia en el gráfico siguiente

En un Estado de esa naturaleza, lleno de sistemas administrativos (11), orientados fundamentalmente al control de procedimientos y a la papelería inútil, antes que al servicio al ciudadano y a una gestión por resultados, es muy poco lo que se puede esperar de una gestión pública, que además, nunca llegó a confiar en la participación de la población y sus capacidades. Sumemos a ello la corrupción secular del Estado, no sólo de regiones y municipalidades como se insistió en hacernos creer.

En otras palabras, es evidente de que es hora que nos preocupemos por discutir el Estado y los cambios urgentes que requiere. De otra manera, situaciones de fondo que nos avergüenzan como sociedad, como ocurre con el caso de la primera infancia, permanecerán sin solución real, sujetas a mejorar en los ciclos de crecimiento económico y a empeorar una vez que éstos llegan a su fin, como parece estar ocurriendo. Confiemos en que este Cuarto Encuentro por la Primera Infancia, como lo adelanta su programa, aborde sus interrogantes y desafíos contemplando esta perspectiva.



*Eduardo Ballón, coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana e investigador principal de DESCO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo).