Políticas Públicas en materia de Primera Infancia: la hora de cumplir con las promesas

“Las únicas promesas que sirven son las que se cumplen”. Esta cita hace referencia a un llamado a la acción iniciado hace muchos años en América Latina para que los gobiernos de nuestro continente prioricen a la infancia en la formulación de políticas públicas. En el caso de nuestro país, el 1 de enero de 2011 se posesionaron las nuevas autoridades regionales y municipales elegidas en los comicios de fines del año pasado. En este proceso electoral, pudimos constatar el interés de candidatos de todos los sectores políticos por suscribir el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia, como un compromiso público hacia una verdad inigualable: sin inversión sostenida e integral en la infancia, el desarrollo económico de nuestro país es efímero e insostenible.

Ahora que las nuevas autoridades ya se encuentran en plena función, es la hora de ver cómo este compromiso público pasa al diseño y ejecución de programas sociales en primera infancia, lo que implica una labor no solo política sino de exigibilidad ciudadana a través de los mecanismos de participación.

En este sentido, la coyuntura política y social de nuestro país es interesante, dado que plantea un reto ciudadano. Independientemente de los problemas que la regionalización ha tenido para consolidarse en el Perú, este proceso ha contribuido a descentralizar el poder y  a dar a las regiones y sus ciudadanos un empoderamiento e influencia inéditas en nuestro país. En este sentido, estamos frente a un Estado que aún sigue siendo complejo pero que a su vez es multiorgánico, que trasciende las tres ramas clásicas del poder y cuenta con modalidades de participación y control que vienen de la sociedad.

Si bien los acuerdos que se han suscrito a favor de la primera infancia son políticos y, por ende, no exigibles jurídicamente, esto no implica que la ciudadanía no pueda trabajar con sus gobiernos locales o regionales a fin de demandar el cumplimiento de las promesas. En este sentido, la municipalización de la educación deberá servir de test para determinar si las autoridades descentralizadas podrán cumplir con sus nuevas atribuciones a medida que las responsabilidades (y expectativas) aumentan.

Sin embargo, es necesario enfatizar que  los principales responsables para hacer el seguimiento a los planes de campaña son los ciudadanos. El cumplimiento de las metas sociales, a diferencia de aquellas concepciones tradicionales que anclaban el orden al Estado, se busca hoy un mayor protagonismo ciudadano. La participación se ha elevado a un principio político básico, mientras que el Estado se ve sometido a un ejercicio de racionalización de sus potestades respecto del ciudadano.

En conclusión, el cumplimiento del Pacto Ciudadano por la Primera Infancia, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como monitoreo constante del trabajo de las autoridades y la ejecución de programas de desarrollo integral contribuyen a una efectiva vigencia de los derechos humanos. Equidad, justicia social y desarrollo integral, al final de cuentas tienen un fundamento jurídico y constitucional que son los derechos fundamentales. Por lo tanto, la inversión en la primera infancia no es solo el factor clave para la erradicación de la pobreza, sino también el eje para el ejercicio de ciudadanía y del respeto de los derechos humanos.

Salvador Herencia Carrasco, abogado en derecho internacional, especialista en derechos humanos, consultor de la Comisión Andina de Juristas y asesor de estudios y proyectos de Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social.