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OPINION
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Escuela pública para todos

Las fuerzas del mercado están cambiando la educación peruana de una manera nefasta. La oferta y la demanda, la creciente capacidad adquisitiva de poblaciones emergentes y la búsqueda del negocio y las ganancias de inversionistas y emprendedores, están agravando rápidamente las condiciones de desigualdad y de segregación que caracterizan al sistema escolar de nuestro país. Todo ello favorecido, por supuesto, por la negligencia o la complicidad de sucesivos gobiernos nacionales a lo largo de décadas.

La ley general de educación vigente, el proyecto educativo nacional, otros documentos y discursos oficiales de la primera década del presente siglo, todos ellos alineados con el enfoque del derecho a la educación y el compromiso del Estado de asegurar una educación básica de buena calidad para todos los niños y niñas del Perú, tienen poco efecto real en las dinámicas de cambio del sistema escolar. Es el mercado el que orienta y regula este proceso de cambio. Las consecuencias negativas de este proceso ya se pueden apreciar y serán más graves en los próximos años.

Los esfuerzos bien intencionados de los funcionarios del Ministerio de Educación se orientan a tratar de mejorar, con recursos muy insuficientes, la educación que el Estado ofrece a las poblaciones más pobres y vulnerables de áreas rurales y urbanas marginales, con el propósito de reducir una desigualdad en los aprendizajes que porfiadamente tiende a crecer. Al mismo tiempo, crece la educación de mercado, con un sector privado movido por el lucro que ofrece servicios con muy distintos precios y calidades para los diversos segmentos socioeconómicos, y un sector urbano estatal y mixto (convenios) que a menudo exige “contribuciones” que discriminan y excluyen a los más pobres.

El predominio del mercado poco regulado para los privados y de dinámicas de mercado al interior del sector público ha generado una estructura piramidal de colegios segregados por nivel socioeconómico, cuyos recursos, calidad y resultados educativos están asociados a la capacidad económica de las familias de sus estudiantes. En este sistema, cada familia compra y recibe el tipo de educación que puede pagar. Como con cualquier otro producto del mercado, en nuestro país se compra educación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de la peor calidad, dependiendo de la billetera del comprador. El enfoque de derechos y el sueño de una educación integradora, con procesos y resultados de igual calidad para todos, en la práctica ha sido superado y negado por las dinámicas discriminadoras del mercado.

La segregación o apartheid escolar es incompatible con el fortalecimiento de la democracia, que supone igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. También se opone a la cohesión social, la interculturalidad y al aprendizaje vivencial de una convivencia respetuosa entre diferentes. Este sistema niega la equidad y la inclusión, que se proclaman como objetivos prioritarios de la educación nacional. La llamada “libertad de elección” de la educación de los hijos está groseramente condicionada por la capacidad adquisitiva de las familias. Además, la experiencia nacional e internacional demuestra que los resultados de la educación escolar son muy desiguales y decrecientes cuando los sistemas son piramidales y segmentados por nivel socioeconómico.

La única manera de eliminar la segregación escolar y revertir progresivamente la desigualdad educativa es fortaleciendo la escuela pública gratuita como opción preferente para los sectores medios y populares emergentes de áreas urbanas y rurales, como espacio de encuentro y de integración social y cultural de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a diversos segmentos socioeconómicos, incluyendo a los más vulnerables en esos mismos espacios educativos. Esas escuelas tienen que ser atractivas, dotadas de los mejores docentes y recursos educativos y a la vez totalmente gratuitas, sin exigencias o prácticas que excluyan o discriminen a los más vulnerables o atenten contra la inclusión y la equidad.

La Educación Inicial puede ser el nivel de avanzada para la expansión de una educación pública para todos. Existe en el gobierno la voluntad política de invertir en la infancia y en la universalización de este nivel educativo. Los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad deben tener la oportunidad de aprender a compartir y a convivir con sus compatriotas de todas las sangres, de todas las clases, de todas las culturas. Los nuevos centros de educación inicial pueden ser los primeros espacios públicos de encuentro y de construcción de afectos y lealtades entre diversos. Ojalá que así sea.



Manuel Bello, educador, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia.


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