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OPINION
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La descentralización e Inclusión social como política de Estado

Conviene recordar que este gobierno propuso hacer la gran transformación en bases a: (i) su énfasis en la lucha contra la corrupción, en un país en que ésta es percibida como el principal problema del Estado; (ii) su anuncio de una reforma tributaria, que tiene como punto central el incremento de los impuestos a las industrias extractivas, la defensa del ambiente y los recursos naturales, y el acento en los tributos directos; (iii) su compromiso con la redistribución del ingreso mediante la generación de empleo digno y políticas de mejoramiento de la calidad de la educación y la salud; combinadas con distintos programas sociales y previsionales, al mismo tiempo que está impulsando su política de inclusión social.

El gobierno ha realizado tres cambios de gabinete, llevándose con ello a los tres secretarios de la Descentralización de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), sin mostrar un compromiso claro sobre descentralización y modernización del Estado, a pesar de eso, actualmente ha formulado un Plan Nacional de Descentralización 2012-2016, en proceso de debate. Pero quedan aún pendientes algunas acciones, como el  fortalecimiento de los gobiernos descentralizados, que fue anunciado repetidas veces en la campaña del presidente Humala, ofreciendo reunirse permanentemente con la REMURPE (Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú), entre otras plataformas representativas de los gobiernos locales y regionales.

Este Plan está ordenado alrededor de cinco ejes, que aparecen organizados en capítulos: (i) conducción del proceso, articulación intergubernamental y participación ciudadana; (ii) descentralización administrativa; (iii) fortalecimiento institucional; (iv) inversión descentralizada e integración económica; (v) descentralización fiscal. Cada uno de ellos tiene la misma estructura y un breve balance temático, la definición de un objetivo estratégico y sus metas.

El crecimiento económico que tiene el Perú por varios años hace que el Ministerio de Economía y Finanzas dicte medidas sin consultar a las instancias descentralizadas, como es el caso de los programas presupuestales y las modificaciones en los planes de incentivos, la concentración de recursos en el gobierno central, así como la mantención de las inequidades y discrecionalidad en su entrega. La Ley del Presupuesto de la República para el año 2013 prioriza la asignación de recursos a los ministerios para que sean ejecutados en las zonas rurales sin tomar en cuenta a los gobiernos locales, considerados el último eslabón del proceso de la ejecución de proyectos.

Para hablar de inclusión social podemos definir a los municipios rurales como las demarcaciones territoriales -distritales o provinciales- donde la actividad económica predominante de sus pobladores corresponde al sector rural, a las que se debe asignar las competencias necesarias a su naturaleza y normar respecto a las estructuras y sobre contrataciones y presupuestos. Y el Estado debe fortalecer e incrementar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) para atender a las 1,303 municipalidades rurales. Esperamos que los Ministerios de Economía y de Desarrollo e Inclusión Social, cuando hagan sus  clasificaciones de municipalidades, tomen en cuenta el Decreto Supremo N° 090-2011-PCM a los efectos de ejecutar el Programa de Modernización Municipal o para el financiamiento de proyectos de la inversión en agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales para la inclusión económica en zonas rurales.

En la actualidad, el Ministerio de Economía y Finanzas debe tomar en cuenta que unas 536 municipalidades perciben solo ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), como monto mínimo de Foncomun, mientras que otras 303 municipalidades tienen transferencias entre ocho (8) a quince (15) UIT. Es decir, más de 830 municipalidades (básicamente rurales) tienen insuficientes recursos con los cuales deben cumplir con el conjunto de sus competencias, servicios y responsabilidades para con el desarrollo de sus localidades. Es en las zonas rurales donde se concentra la mayor pobreza y donde las políticas de Estado referidas a la inclusión social deben empezar por tomar en cuenta a las municipalidades rurales, instancias de gobiernos descentralizados, donde los ciudadanos recurren permanentemente a solicitar apoyo para solucionar sus problemas.

En la REMURPE, como otras organizaciones representativas de los gobiernos locales y regionales, estamos comprometidos con la descentralización, saludamos la propuesta del Plan de Descentralización 2012-2016, y la decisión de someterla a un debate nacional y un análisis la consideramos como un gesto democrático que saludamos, y estamos decididos a contribuir, de tal manera que fortaleceremos la Plataforma de Gobiernos Descentralizados para canalizar propuestas concertadas que coadyuven a contar con un país moderno, descentralizado y con una real regionalización.

Carlos López Jiménez, secretario ejecutivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE)


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