El seguimiento de los compromisos con la infancia

Por: Madeleine Zúñiga

Para quienes hemos trabajado durante décadas en educación en áreas rurales y contextos con significativa presencia de población indígena, fue motivo de regocijo, al inicio del actual gobierno, conocer que tanto la educación rural como la educación intercultural bilingüe serían objeto de políticas prioritarias en el sector Educación. Asimismo, desde la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, saludamos la prioridad otorgada a la atención integral a la primera infancia, población infantil de 0 a 5 años. El tiempo pasa y pronto se cumplirá un año de gobierno y es importante pulsar cuánto se ha avanzado para hacer realidad los compromisos gubernamentales con la infancia. 

Para un seguimiento responsable a la implementación de las políticas a favor de la infancia, el gobierno tiene la responsabilidad de informar con transparencia y oportunamente a la ciudadanía. Pero es también necesario que la población directamente afectada, beneficiaria en potencia de las políticas, además de las organizaciones de la sociedad civil, conozca bien las políticas y programas, comprenda su significado y distinga las responsabilidades que conciernen a los diferentes niveles de gobierno y las que le toca cumplir como padre, madre, abuela o tutor de un infante, o como líder comunal. En este terreno hay aún mucho por hacer, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. 

Los compromisos del Estado y del actual gobierno con la niñez peruana no solo se expresan en las políticas sectoriales, sino también en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2012-2021. Este plan se refiere al conjunto de derechos de la niñez, lo que le da un carácter integral que demanda una atención intersectorial, explícita en el documento. Los distintos componentes que conllevan al resultado esperado deben ser objeto de seguimiento y vigilancia de parte de todas las instituciones que lo gestaron -sectores públicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales- y la población beneficiaria. De otro lado, por ley, deben elaborarse participativamente las versiones regionales del PNAIA, lo cual permitirá el manejo de una información más cercana a la población, hecho que facilitará su seguimiento. 

El derecho a la educación de la primera infancia es tratado en el PNAIA 2012-2021 en el Resultados 3 –aprendizaje oportuno de niños de 0 a 2 años- y el Resultado 4, “Niñas y niños de 3 a 5 años de edad acceden a una educación inicial de calidad, oportuna, intercultural, inclusiva, con cultura ambiental y libre de violencia”. Esto implica contar con docentes que hayan sido formados para responder a las diversas exigencias del enunciado del resultado. ¿Los tenemos? ¿En qué plazos los tendremos?

Las metas para estos dos resultados están planteadas para el 2021 y no para el 2016, lo que da más tiempo para su logro. Así, la Meta del Resultado 3 es: “Las tres cuartas partes de niñas y niños menores de 36 meses de edad tienen controles de crecimiento y desarrollo completos para su edad”. La línea de base en el 2010 registraba una cobertura nacional de apenas 2,2% a nivel nacional, 1,3% en áreas rurales y regiones donde casi está todo por hacer: Huancavelica 0,4%, Ayacucho 0,5%, Huánuco y Amazonas 0,6%.  La meta de la universalización de la educación inicial parece más realista al ser planteada para el 2021, si se considera que la línea de base en el 2010 es de 70,3% de cobertura nacional, 61% en zonas rurales y 74,3% en áreas urbanas. 

El compromiso no es solo ofrecer el servicio, sino que este sea de calidad. Para ello, las estrategias de implementación para los dos resultados mencionados son claras al demandar la concertación interministerial y la de los tres niveles de gobierno; la formación de docentes en educación intercultural y bilingüe, en educación especial, en atención temprana; la asignación de recursos; la creación de plazas docentes; entre muchas otras más. Cada estrategia planteada puede ser objeto de vigilancia, pero también de oportunidad para concertaciones y alianzas estratégicas entre Estado y sociedad civil y, dentro de ésta, el sector privado. Es indudable que el sector Educación solo no logrará la meta; las alianzas son imperativas, como lo es la intervención intersectorial, explícita a lo largo del PNAIA.  

Una de las primeras acciones del actual gobierno para cumplir sus compromisos de inclusión y equidad en la educación nacional fue lograr el incremento de un 15,7% en el presupuesto del 2012 con respecto al del 2011; para el 2013 espera lograr un incremento aún mayor y eso es laudable. Habrá un incremento de plazas para la educación inicial y esto también es auspicioso. ¿Podrán ser ocupadas por los maestros con la formación que garantice su buen desempeño en aula? Se corre un riesgo grande si, en aras de buscar el impacto del logro de cobertura, entreguemos esa responsabilidad a quienes no pueden cumplirla. No imitemos a los partidos políticos que completan sus listas sin el menor control de calidad de sus candidatos, que, una vez en sus cargos públicos, constituyen, además de una vergüenza nacional, un obstáculo para avanzar en la construcción de ciudadanía, institucionalidad y democracia, tres fines insoslayables de la educación como derecho humano.