Inclusión social: del discurso a la acción

El gobierno ha colocado en el centro de su propuesta política la inclusión social, objetivo impostergable en un país con altos niveles de desigualdad, inequidad y exclusión. Llevar el discurso de la inclusión a la acción requiere medidas concretas y urgentes: ir a una mejor y más equitativa redistribución de ingresos, invertir en el desarrollo de la primera infancia para lograr una igualdad de oportunidades y profundizar la descentralización para que las poblaciones de todo el país participen activamente en su desarrollo económico y social. La sociedad civil tiene la responsabilidad de promover una efectiva vigilancia ciudadana para que los compromisos a favor de la inclusión social se cumplan. 

Existe consenso entre el gobierno, autoridades locales, organismos internacionales, expertos en desarrollo, representantes de la sociedad civil, en la necesidad de darle atención preferente a la inversión en la educación, nutrición y cuidado de la primera infancia si se quiere eliminar la pobreza y alcanzar una igualdad de oportunidades indispensable para un desarrollo con inclusión. Sin una inversión importante en la primera infancia no habrá inclusión social.

Ahora toca llevar ese consenso a la toma de decisiones. Esto debería expresarse en los presupuestos nacionales, regionales y locales, en la ejecución de políticas concretas que efectivamente prioricen la inversión en la primera infancia y en la adopción de compromisos públicos con metas específicas a favor del desarrollo de los niños y niñas del país, como es el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia promovido por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia y que ha sido firmado por diversas autoridades. Hay algunos avances –ahí está el aumento de los presupuestos para educación, salud y los programas sociales- pero todavía hay mucho por hacer.

 

El presidente Ollanta Humala ha asegurado que su gobierno dará prioridad a la inversión en educación, nutrición y desarrollo de la infancia y ha asumido el compromiso público de nombrar un Alto Comisionado para la Primera Infancia, que sea una autoridad del más alto nivel que articule y dirija las políticas públicas a favor del desarrollo de la niñez. El nombramiento de esta autoridad sigue pendiente. La sociedad civil tiene la responsabilidad de actuar para que los compromisos se cumplan. 

Mucho se ha hablado –y también celebrado- en los últimos años sobre el importante crecimiento económico que ha tenido el Perú. Pero ese crecimiento económico no se traducido en una mejora de la calidad de vida de los más pobres y excluidos, entre ellos cerca de la mitad de los niños y niñas de este país que viven en la pobreza (el informe “El Estado de la Niñez en el Perú” publicado por UNICEF el año 2010 señala que el 49 por ciento de los niños menores de cinco años viven en situación de pobreza). Un crecimiento sin inclusión no es sostenible. Como no es sostenible un desarrollo que no invierta en la primera infancia. El Banco Mundial ha elaborado un estudio en el que se concluye que la inversión en la primera infancia es la más rentable para el desarrollo de un país. 

     

Cuando el gobierno habla de inclusión social se entiende que está hablando no solamente de darle más presupuesto a programas sociales de alivio a la pobreza, sino, fundamentalmente, de introducir los cambios necesarios para una redistribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico. Esto resulta indispensable para una verdadera inclusión social y para que los niños y niñas del país tengan la oportunidad de un desarrollo pleno de sus facultades y posibilidades.  

En la reciente Conferencia Anual de Municipalidades organizada por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú - REMURPE, los cerca de 300 alcaldes asistentes, llegados muchos de ellos desde los distritos más pobres y excluidos del país, coincidieron en demandar cambios para una mejor redistribución y en resaltar que la inversión en la primera infancia debe ser una prioridad. También coincidieron en la necesidad de profundizar el proceso de descentralización y que las autoridades locales tengan una mayor participación en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas que involucran directamente a sus poblaciones. 

Los conflictos sociales, que han crecido en los últimos años y algunos de los cuales han estallado en las últimas semanas, en la mayoría de los casos revelan en forma dramática la exclusión de las poblaciones rurales y las consecuencias de imponerles desde Lima decisiones sobre su destino sin escucharlas. Una política de inclusión social debe escuchar a estas poblaciones y tomar en cuenta sus opiniones cuando se trata de adoptar decisiones que las afectan. 

Los gobiernos regionales y locales son un componente clave para el éxito de las políticas de desarrollo local, tanto en lo económico como en lo social. Sin su participación y compromiso estas políticas estarán condenadas al fracaso. El esquema de políticas para las zonas rurales diseñadas desde Lima no funciona. Avanzar en la descentralización es fundamental, pero también lo es una intervención coordinada y articulada entre los distintos niveles de gobierno: gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. En el caso de la primera infancia, esa articulación requiere una autoridad de alto nivel, cuya formación se ha anunciado pero todavía no se ha concretado. 

La sociedad civil tiene un rol central para promover políticas de inclusión y desarrollo social –dentro de las cuales la prioridad de la inversión en la primera infancia es clave- y en monitorear los avances en las metas que se establezcan, así como en activar una vigilancia ciudadana para que los compromisos adoptados se cumplan y no queden como tantas promesas dejadas de lado. 

La inclusión social no es solamente un discurso político, sino, fundamentalmente, un asunto de decisión política para adoptar los cambios que se necesitan y priorizar efectivamente las políticas que deben ser priorizadas, como es la inversión en la primera infancia, que es algo en lo que hay consenso. Ya no estamos en el tiempo de los discursos, sino en el momento de la acción para que la inclusión social comience a ser una realidad.