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OPINION
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Sin Autoridad Nacional para la Infancia, no funciona

Desde que inició su gobierno el presidente Ollanta Humala, se ha estado transmitiendo en directo por televisión las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, creado con autonomía funcional y técnica por Ley 27933 en el año 2003 como máximo organismo del Estado para formular, conducir y evaluar las políticas de Seguridad Ciudadana. Este organismo depende de la Presidencia de la República y es presidido por el ministro del Interior. Está integrado por los ministros del Interior (que lo preside), Justicia, Educación, Salud, Economía y Finanzas, un representante de la Corte Suprema, de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, dos de los gobiernos regionales, el alcalde de Lima Metropolitana y los dos  alcaldes de las provincias capitales de departamento con mayor número de electores, el director general de la Policía Nacional del Perú, el jefe del Sistema Penitenciario Nacional, y dos representantes de los gremios que agrupan a las empresas de seguridad privada, además de otros invitados, como los ministros de la Mujer y Desarrollo Social, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y el director de la Dirección de la Familia, Participación y Seguridad Ciudadana.
 
¿Qué se observa en esta composición y en la dinámica de las sesiones? Tres  cosas.
 
1) No hay una cabeza visible que jefature todo el equipo. Si bien el ministro del Interior formalmente es el presidente, es un par entre 5 ministros y además no tiene injerencia jerárquica alguna en el Poder Judicial o el Ministerio Público. Tampoco la tiene en los municipios, la Defensoría, etc. Por lo tanto, no hay un funcionario que tenga autoridad y mando sobre el resto. Las coordinaciones entre ellos por tanto han sido muy ineficaces e ineficientes.  
 
2) Cada uno tiene su plan, su propuesta, sus programas, y poco tienen que ver uno con el otro. Tan es así que cuando el presidente Ollanta Humala les pide sus reportes y comentarios se ve que no hay mayores vínculos entre unos y otros.

3) Solamente el hecho que esté presente el presidente de la República hace que al menos todos los que dependen de él (excluyendo al Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, alcaldes, gobernantes regionales) tengan que alinearse con sus mandatos, y que gracias a que él escucha directamente los reportes de cada uno y las discusiones entre ellos es que saca conclusiones y da pautas sobre qué hacer respecto a los temas abordados, pidiendo la colaboración de quienes no dependen de él.     
 
Traslademos este caso al tema de la infancia. ¿Alguien puede imaginar que los diversos ministerios y sus decenas de programas que trabajan con la infancia,  así como las autoridades ajenas al Ejecutivo, serán capaces de coordinar por sí solas sin tener un jefe para llegar a acuerdos vinculantes, sin tener una voz que acceda regularmente al presidente de la República?
 
Por eso es que en mi opinión, en un país como el Perú, que tiene instituciones muy débiles y es altamente  burocratizado, ineficiente en la gestión pública y presidencialista, tiene que haber una autoridad nacional por la infancia que sea la figura del Ejecutivo que vele y responda por todos sus alcances, y tener una cercanía a los ministros y al propio Presidente para que éste le dé el apoyo político necesario para que se disponga de los recursos y las acciones de los diversos sectores que hagan que se cumplan los objetivos trazados para atender a la infancia del Perú.
 
Corresponde a los técnicos especializados en función pública establecer el plan general, describir la conformación de la organización bajo esta autoridad y sus relaciones con las diversas dependencias dentro y fuera del Ejecutivo, de modo que sea muy eficaz y poco burocrático. Por lo demás, esta autoridad nacional de la infancia debiera tener rango ministerial y asiento en el Gabinete, de modo que semana a semana dé cuentas  sobre sus metas, avances y dificultades, y al menos una vez al semestre dé cuentas al Congreso de los avances en su gestión.  
 
El presidente Humala y el primer ministro Lerner prometieron en diversas ocasiones nombrar a un Alto Comisionado para la Primera Infancia con rango ministerial, responsable de coordinar con los ministerios y los gobiernos regionales la aplicación de las políticas a favor de la primera infancia y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Por lo dicho antes, me parece  plenamente justificado y solo falta ver las normas oficiales respecto a quién será esta autoridad y cuáles sus funciones y prerrogativas.


León Trahtemberg, educador, especialista en política y gestión educativa, miembro del Consejo Nacional de Educación y del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia.

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